La sanidad tiene pacientes, no clientes

¿Cuál es el beneficio para los ciudadanos con un cambio en la gestión del sistema sanitario? Colocar a una o varias empresas privadas al mando de consultorios o hospitales implica la concesión de una carta blanca para buscar rentabilidad económica en un servicio, hasta ahora, público, esencial y pagado sin sangrar a la sociedad con elevados impuestos. Poner un precio a la salud de un país representa una revolución ideológica impulsada desde el Gobierno central y algunos ejecutivos autonómicos, en especial Madrid, para minimizar el volumen del Estado: el gran sueño de los conservadores y liberales españoles. ¿Estamos en crisis debido al coste de la sanidad pública, de los fármacos, de las ambulancias, de las prótesis o de la atención a los ‘sin papeles’? Radicalmente, no. Eviten que les engañen. Reflexionen y vean lo que está en juego: nuestro modelo social, nuestro Estado del Bienestar, nuestro futuro más cercano.

 

 

¿Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? ¿Todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? ¿Estamos en crisis debido a que algunos han vivido por encima de sus posibilidades? En España, se ha instalado un debate falso al respecto. No pocos ciudadanos piensan que el fuerte impacto de la crisis se debe a un Estado del Bienestar demasiado generoso. Pero, ¿es así? Hablemos de sanidad y utilicemos para ello datos oficiales de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.

Dos años, como mínimo, de inestabilidad hispanocatalana

El pacto suscrito entre CiU y ERC, que incluye la celebración de una consulta sobre la independencia de Cataluña en 2014, vicia la política catalana en una única dirección en medio de una crisis económica que no se resuelve por arte de magia con una segregación. Artur Mas, que fracasó en las urnas el pasado 25-N, sigue con su huida hacia adelante y se convierte en rehén, más o menos cómodo, de los republicanos. La coalición nacionalista se lo juega todo a una carta. Y la sociedad catalana, por deseo expreso de CiU y ERC, también.

 



 

Incertidumbre. El pacto suscrito entre CiU y ERC echa más leña a un fuego reavivado tras unos resultados nada espectaculares del independentismo en las urnas del 25 de noviembre. La celebración de un referéndum en el año 2014, sin fecha concreta, sobre la permanencia o no de Cataluña dentro de España no parece un asunto de primera necesidad como para encabezar la agenda política de una Generalitat que debería tener como prioridad la lucha contra la crisis, un problema invencible hasta ahora. Ayer mismo escuchaba a Joan Ridao, conocido tertuliano y exdiputado de ERC en el Congreso, admitir que no existe todavía en Cataluña una mayoría cualificada para lograr la independencia y que eso sería el reto de CiU y ERC en los próximos dos años. ¿Ese es el principal reto de la Generalitat? ¿Ese, de verdad? ¿Por qué el principal reto no es la salida de la crisis? ¿Por qué ahora se va a fondo a por la salida de España?

La estrategia de la falsa ilusión y de la patada a seguir del Partido Popular

Rajoy mantiene viva la explicación de la herencia recibida un año después de su llegada a La Moncloa y alarga el proceso de la recuperación económica hasta 2014.
 



 

"Afrontamos un año 2013 muy complicado. Será difícil, pero será también el año de la estabilización de la economía. Terminará mejor de cómo va a empezar. Los esfuerzos no están cayendo en saco roto y más pronto que tarde” llegará la recuperación. Mariano Rajoy, un año después de llegar a La Moncloa, mantiene intacto el espíritu de la ilusión a pesar del evidente deterioro de la situación laboral, económica y social. Nada nuevo al frente. Rajoy, que lleva doce meses cumpliendo más con sus obligaciones de presidente del PP que de presidente del Gobierno, sigue dirigiéndose en exclusiva a sus electores más fieles dibujando un escenario de mejoría que solo surge en su cabeza.

Regresión ferroviaria

El Gobierno fabrica a través de Ineco, una empresa dependiente del Ministerio de Fomento, un informe con el que amenaza con destruir los servicios de Renfe Media Distancia. Los criterios de rentabilidad económica priman, una vez más, sobre los criterios de rentabilidad social. Y todo esto con un horizonte cercano, en el año 2017, en el que el sector abrirá sus puertas, por exigencias de la UE, a empresas privadas. Antes, para el PP, hay que aligerar peso para que haya ofertas.

Supongo que todos ustedes, en mayor o menor medida, han sido, o son aún, usuarios de medios de comunicación locales (prensa, radio, televisión o internet) Muchas páginas y muchos minutos siempre se han dedicado para atender una demanda recurrente: la necesidad de más y mejores infraestructuras. El tren siempre ha encontrado un puesto preferente, bien sea con líneas convencionales o, últimamente, con la Alta Velocidad.

Un Nobel de la Paz justo y que invita a regresar a los orígenes de la UE

El continente que desencadenó las dos guerras mundiales ha vivido su periodo de mayor estabilidad gracias a la creación de la Unión Europea. Enemigos históricos como Alemania y Francia o Alemania y Reino Unido han apostado por la diplomacia para resolver sus conflictos. No hace tanto lo hacían con sus ejércitos. Un progreso histórico y necesario de reconocer pero que la burocracia de Bruselas y Berlín están torpedeando en los últimos años apostando por los intereses financieros y particulares y marginando a los ciudadanos de la Europa del Sur. Eso también es una agresión ‘bélica’.

El pasado de Europa está lleno de grandes avances científicos, políticos, democráticos, culturales, artísticos y sociales, pero también de catastróficas y horrendas acciones. Como europeo, sigo abochornado de que en mi continente se desencadenaran los dos conflictos bélicos más devastadores de la historia. 

Marca España: Rosell y la CEOE callan con Díaz Ferrán camino de Soto del Real

La patronal ni defiende ni critica a su anterior presidente pese a las graves acusaciones que pesan sobre él. Un escándalo mayúsculo refrendado en una fianza histórica: treinta millones de euros, la segunda más alta de la historia judicial junto con la impuesta a Javier de la Rosa por el caso KIO. Desgraciadamente, esto también es la marca España.

Gerardo Díaz Ferrán será en las próximas horas un nuevo inquilino temporal de la madrileña prisión de Soto del Real. La fianza impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, treinta millones de euros, no invita precisamente a pensar en que Díaz Ferrán dormirá en su hogar en los próximos días. Es la segunda más elevada de la justicia española, junto con la impuesta a Javier de la Rosa en el caso KIO. La gravedad del proceso se refrenda con las fianzas impuestas a los otros dos principales implicados: Iván Losada (treinta millones de euros), exdirector del Grupo Marsans, y Ángel de Cabo (cincuenta millones), liquidador de las empresas.

Se vende coche; se ruega comprador

Pobres resultados del Plan PIVE. Noviembre cerró con peores resultados en las matriculaciones de vehículos que hace un año. Según datos de la Dirección General de Tráfico, se cerraron 64.060 operaciones. En 2007, por ejemplo, se superaron las 178.000. El gran consumo sigue muy lejos de repuntar, y seguirá, por muchos estímulos que se apliquen a la compra, mientras no mejore el mercado laboral.

El consumo interno representa el 59% del PIB en España. Desde el niño que se compra una golosina en un quiosco hasta los jubilados que programan unas vacaciones, pasando por el joven que se toma una copa o la pareja que adquiere un piso o un coche, son los máximos responsables de la riqueza que se genera en este país. España necesita que sus ciudadanos consuman para crecer. Esa es nuestra industria: la del capitalismo más puro, rancio y duro; gastar dinero para mover dinero y atraer dinero. Y cuando la máquina del consumo decelera, el país se frena.

Si fuera catalán, mi apoyo para Iniciativa y Ciutadans

Cataluña votará mañana, más que nunca, por su futuro tras una campaña electoral enfocada casi exclusivamente en las renacidas ansias independentistas de CiU. Los principales partidos (Convergencia i Uniò, PSC, PP y ERC) han pasado de largo de los problemas diarios de los ciudadanos. Nada de adelantar medidas contra la crisis. Unos se han abrazado a la estelada, y otros a la bandera española. Nacionalismo demodé del siglo XIX en pleno XXI, hiperbolizado tras un supuesto informe policial que acusa a la familia Puyol, a Artus Mas y a altos dirigentes de CiU, como Felip Puig, de contar con multimillonarias cuentas en Suiza.

Los catalanes cerrarán mañana, domingo 25 de noviembre, un intenso año electoral en España con cinco comicios autonómicos: Andalucía, Asturias, Euskadi, Galicia y Cataluña. Los ciudadanos de las cuatro comunidades históricas que reconoce la Constitución, más Asturias, habrán renovado sus parlamentos en medio de un 2012 durísimo, con la crisis convertida, de nuevo, en recesión. Pero serán las elecciones catalanas, sin duda, las que mayor repercusión tendrán por la inclusión de un elemento desconocido hasta ahora desde la reinstauración de la democracia en España: el debate territorial. Artur Mas, candidato de CiU y último ‘president’ de la Generalitat, ha convocado a los catalanes con un órdago político de consecuencias desconocidas: alcanzar la mayoría absoluta para encaminar a Cataluña hacia un Estado propio dentro de la Unión Europa.

Ciudadanos de primera y segunda, ahora también en la justicia

El Gobierno acelera sus planes de entierro del Estado del Bienestar. En el mercado laboral, en la sanidad, en la educación… y ahora también en los juzgados. La ausencia de los nuevos impresos aplaza durante “varias semanas” la puesta en marcha de las renovadas tasas judiciales. Chapuza sobre chapuza. 

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid… El Gobierno de Rajoy ha hecho eslogan de este dicho popular. La crisis se ha convertido en la perfecta excusa para reformular el estado de convivencia en España. El Partido Popular, mientras proclama falsas promesas de recuperación económica (no lo digo yo, lo dice el Banco de España), ha acelerado su plan de cambio social. 

Correa desnuda la TVE de Rajoy

La Cumbre Iberoamericana de Cádiz, con notables ausencias, escenifica un cambio de relaciones de España y Portugal con el continente americano. El presidente ecuatoriano se mofa de la cultura democrática española.

Rafael Correa no es un político cualquiera. Con una imprevista, que no impertinente, pregunta en una entrevista en TVE ha protagonizado una tristísima Cumbre Iberoamericana en la que España y Portugal agachaban la cabeza ante la pujanza de un continente latinoamericano que progresa con unas políticas radicalmente distintas a las europeas. Correa, que las tuvo tiesas con Pastor en ‘Los Desayunos de TVE’ en un tenso cara a cara en marzo de este mismo año, se acordó de la periodista, cuya cabeza pende simbólicamente en el despacho de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Dobro pozhalovat!; 歡迎; Bienvenidos, os recibimos con alegría

Al Gobierno no le interesa acoger profesionales de alta cualificación, prefiere a los millonarios rusos y chinos sin importar el origen de sus fortunas. Rajoy aún piensa en la construcción como un motor económico “porque cuando hay alguien que compra una vivienda, hay alguien que vende un mueble, una lavadora o un frigorífico”.

No sabemos si Mariano Rajoy y sus ministros han hecho un videofórum en La Moncloa en este fin de semana con ‘Bienvenido Mr. Marshall’. Quizás, sí. Rajoy quiere convertir la España del siglo XXI en la Villar del Río de posguerra que tan brillantemente recreó Luis García Berlanga. Solo faltan la charanga, Pepe Ysbert y Lolita Sevilla Solo que esta vez los agasajados no serán los estadounidenses del Plan Marshall de reconstrucción de Europa, sino millonarios rusos y chinos salvadores del sector inmobiliario. Todo sea por reducir el stock de vivienda. ¿Todo? Sí, el Gobierno de Rajoy pretende otorgar la residencia a todo ciudadano extranjero que adquiera una vivienda en España por un importe superior de 160.000 euros.

El Gobierno coloca una tirita sobre la hemorragia de los desahucios

El Decreto Ley aprobado por el Ejecutivo de Rajoy establece unos requisitos muy rígidos que apenas podrán cumplir unas pocas familias. No se tocan los intereses de demora, ni las polémicas tasaciones de la banca. La dación en pago, ni se plantea.

El drama de los desahucios refleja uno de los rostros más dolorosos de la depresión económica que asfixia a la mayoría de los españoles. Casi 400.000 ejecuciones hipotecarias, muchas de ellas saldadas ya con el desalojo de la vivienda, se contabilizan desde el comienzo de la crisis. Un progresivo goteo de desgracias humanas al que solo se ha reaccionado desde el poder político cuando se han empezado a conocer casos de suicidio.

(Des)movilización laboral; hartazgo social

Contradictorio saldo de la huelga general del 14-N. Contradictorio y contundente. Una mayoría de trabajadores, excepto en la industria, trabajaron. Nada novedoso con respecto a la mayoría de huelgas anteriores en España, salvo en la histórica del 14 de diciembre de 1988. Sin embargo, las manifestaciones convocadas fueron un clamoroso éxito. Reflejaron, mejor que la reacción en los centros de trabajo, el profundo malestar de un amplio sector de la sociedad contra las políticas económicas, sociales y laborales del Gobierno de Mariano Rajoy.

La huelga del 14-N no pasará a la historia como una huelga total. La actividad laboral se redujo en sectores donde el movimiento obrero existe y es efectivo, como en la industria, pero fracasó en el comercio. Nada nuevo con respecto a convocatorias anteriores. Los pequeños y medianos emprendedores, empujados por la premura de la situación de sus negocios, prefieren abrir y sacar algo de dinero, aunque sea poco, que cerrar durante un día.

Derecho a la huelga, un derecho fundamental

En la historia de la democracia española se han convocado siete huelgas generales de 24 horas. Solo en el año 2010, Francia vivió ocho días de movilización. Pese a ello, la derecha política y los empresarios consideran que este 14-N es un abuso y reiteran su reclamación de una Ley de Huelga. ¿Tienen razón?

“Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. Así lo establece la Constitución española en el artículo 28.2.

Jaque a La Princesa, mate a la sanidad pública

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid transformará el hospital en un centro para mayores, una medida que no estaba incluida en el Plan Estratégico de Geriatría presentado hace menos de medio año. Los madrileños se quedan sin hospitales de gestión pública, uno de cada tres centros estará, total o parcialmente, en manos privadas. En esa situación, se encontrarán nueve de los diez hospitales construidos durante el mandato de Esperanza Aguirre.

Un símbolo, una bandera de resistencia. El Hospital de La Princesa de Madrid, que nació en 1857 como homenaje a la infanta Isabel de Borbón, que se salvó junto con su madre, la reina Isabel II, de un atentado, se ha convertido en los últimos días en un emblema de la lucha contra la avalancha privatizadora de la sanidad del Gobierno de Ignacio González. Sus 2.135 trabajadores (363 facultativos, 205 MIR, 580 enfermeros, 417 auxiliares de enfermería, 124 técnicos especialistas y casi 600 empleados como personal no sanitario, como principales medios humanos) no están dispuestos a que el centro se transforme en un hospital geriátrico de alta especialización.