El Gobierno coloca una tirita sobre la hemorragia de los desahucios

El Decreto Ley aprobado por el Ejecutivo de Rajoy establece unos requisitos muy rígidos que apenas podrán cumplir unas pocas familias. No se tocan los intereses de demora, ni las polémicas tasaciones de la banca. La dación en pago, ni se plantea.

El drama de los desahucios refleja uno de los rostros más dolorosos de la depresión económica que asfixia a la mayoría de los españoles. Casi 400.000 ejecuciones hipotecarias, muchas de ellas saldadas ya con el desalojo de la vivienda, se contabilizan desde el comienzo de la crisis. Un progresivo goteo de desgracias humanas al que solo se ha reaccionado desde el poder político cuando se han empezado a conocer casos de suicidio.


El Partido Popular se presentó a las elecciones de octubre del año 2011 desatendiendo este drama. La creciente indignación social ha obligado a mover ficha a los dos principales partidos y ha forzado a buscar una solución. Un diálogo en el que PP y PSOE han marginado a la formación que más se ha preocupado por parar los desahucios: Izquierda Unida. Un sospechoso olvido que se entiende viendo las medidas aprobadas en un Decreto Ley por el Gobierno de Mariano Rajoy. Incluso el PSOE ha terminado por desmarcarse de los planes del PP.

Porque en la resolución del problema de los desahucios no se ha avanzado en prácticamente nada. El Gobierno ha colocado una tirita para tapar una hemorragia que no cesa de manar sangre y mucho dolor. Los duros requisitos para paralizar los desahucios, que no son más que una copia de las excepciones aceptadas por los bancos y las cajas de ahorros, son claramente insuficientes. El Decreto Ley del Gobierno beneficiará a casos muy excepcionales.

Nos encontramos con circunstancias reales paradójicas. El Gobierno acepta aprobar una moratoria de dos años para unidades familiares que no lleguen a unos ingresos de 19.200 euros anuales, sean propietarios de una única vivienda de la que serían desahuciados, su carga hipotecaria se haya multiplicado, al menos, por un 1,5% en los últimos cuatro años y cuando tengan que pagar una cuota de la hipoteca superior al 50% de sus ingresos netos.

Requisitos exigentes, pero que rozan el disparate con el resto de obligaciones dispuestas en el Decreto Ley del Gobierno: familias numerosas; familias monoparentales con dos hijos a su cargo; familias con un menor de tres años; familias que tenga a su cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33% o dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral; familias que convivan con familiares (hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad) que sean discapacitados, dependientes o que sufran una enfermedad grave que les incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral; familias en las que los deudores estén en paro y hayan agotado la prestación; o víctimas de violencia de género.

¿Es suficiente? No. Es más, resulta manifiestamente insuficiente. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Una familia de jóvenes con un hijo de cuatro años con unos ingresos de 19.000 euros anuales, procedentes del empleo de uno de los progenitores, sí sería desahuciada. La misma pareja, con los mismos ingresos y situación laboral, pero con un hijo de dos años, no. ¿Existe mucha diferencia entre tener un hijo de dos y cuatro años para poder afrontar un posible desahucio? El Gobierno estima que sí. ¿Es menos urgente paralizar el desahucio de una familia con un niño de cuatro años que el desahucio de una familia con un niño de dos?

Las incongruencias del Decreto Ley con la realidad social son numerosas. Una madre soltera o viuda con un hijo a su cargo de cinco años con unos ingresos de 19.000 euros anuales procedentes de su empleo se quedaría sin casa si tuviera sobre ella la amenaza de un desahucio. La misma mujer con un segundo hijo podría salvar su hogar. ¿Qué se está premiando? ¿La natalidad? ¿Considera el Gobierno que una madre soltera con un hijo de cinco años no merece el esfuerzo de paralizar un desahucio?

El Decreto Ley del Gobierno de Rajoy tiene todo el aspecto de estar improvisado, recoge los casos excepcionales que la banca había anunciado que estaría dispuesta a asumir, pero no va más allá. Es un pequeño paso para frenar los desahucios cuando lo que se requiere es una carrera a toda velocidad para salvar a miles de familias. ¿Por qué lanzar un Decreto Ley con tanta premura, tan incompleto e injusto con la mayoría de españoles que pueden perder sus pisos? Con la moratoria de dos años, además, no se alterarán los intereses de demora. Un aplazamiento, en definitiva, del problema. Una solución. Una patada hacia adelante para ganar tiempo. Poco más.

Y, por supuesto nada de hablar de daciones en pago, de modificar las irresponsables tasaciones de las viviendas efectuadas por la banca, de aplicar las medidas de una forma retroactiva. No, eso serían soluciones valientes, pero supondría colisionar con los intereses del sector financiero. Y a eso este Gobierno, como el anterior, tiene auténtico pavor. Para ellos sigue siendo más importante salvar a los bancos que a las personas y tapar hemorragias con tiritas.

MÁS INFORMACIÓN:

http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/