El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid transformará el hospital
en un centro para mayores, una medida que no estaba incluida en el Plan
Estratégico de Geriatría presentado hace menos de medio año. Los madrileños se
quedan sin hospitales de gestión pública, uno de cada tres centros estará,
total o parcialmente, en manos privadas. En esa situación, se encontrarán nueve
de los diez hospitales construidos durante el mandato de Esperanza Aguirre.
Un símbolo, una
bandera de resistencia. El Hospital de La Princesa de Madrid, que nació en 1857
como homenaje a la infanta Isabel de Borbón, que se salvó junto con su madre,
la reina Isabel II, de un atentado, se ha convertido en los últimos días en un
emblema de la lucha contra la avalancha privatizadora de la sanidad del
Gobierno de Ignacio González. Sus 2.135 trabajadores (363 facultativos, 205
MIR, 580 enfermeros, 417 auxiliares de enfermería, 124 técnicos especialistas y casi 600 empleados como personal no sanitario, como principales medios humanos)
no están dispuestos a que el centro se transforme en un hospital geriátrico de
alta especialización.
La Princesa, cuyo presupuesto anual para 2013 será de 138 millones de euros, por los 153 de este año, atiende en la actualidad a 300.000 pacientes, cuenta con cuarenta especialidades y representa un modelo de primer nivel en docencia e investigación. Es uno de los cuatro hospitales adscritos a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Números fríos que están bien acompañados, además, por el aplauso de los usuarios. La Memoria del año 2011 del Servicio Madrileño de Sanidad colocó al Hospital de La Princesa como el centro con mayor grado de satisfacción de los pacientes de la CAM.
La Princesa, cuyo presupuesto anual para 2013 será de 138 millones de euros, por los 153 de este año, atiende en la actualidad a 300.000 pacientes, cuenta con cuarenta especialidades y representa un modelo de primer nivel en docencia e investigación. Es uno de los cuatro hospitales adscritos a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Números fríos que están bien acompañados, además, por el aplauso de los usuarios. La Memoria del año 2011 del Servicio Madrileño de Sanidad colocó al Hospital de La Princesa como el centro con mayor grado de satisfacción de los pacientes de la CAM.
Entonces, ¿a qué se
debe su transformación de hospital tradicional a un geriátrico? Ni siquiera la
composición demográfica de sus usuarios avala esa modificación. Apenas el 7,3%
de los pacientes de La Princesa supera los 75 años. Todo tiene un plan, un
maquiavélico pero perfectamente estructurado plan que también afectará de forma
inmediata al Hospital Carlos III, con el desmantelamiento de los servicios para
convertirlo en hospital de media y larga estancia. Otros efectos colaterales
próximos serán el desmantelamiento de todos los laboratorios, que se concentrarán
en cuatro hospitales (La Paz, Puerta de Hierro, 12 de Octubre y otro por
determinar), la desaparición de la Unidad Central de Radiodiagnóstico y el
cierre del Instituto Cardiológico, que se traslada al Hospital Clínico.
Esperanza Aguirre
llegó al Gobierno de la CAM tras ganar las elecciones de octubre de 2003 apenas
cuatro meses después del escándalo de los tránsfugas socialistas Eduardo Tamayo
y María Teresa Sáez, de quienes nunca más se supo. El exministro de Justicia
Mariano Fernández Bermejo señaló en la campaña autonómica de 2007 que el
Gobierno de Aznar ordenó al entonces Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal,
no investigar el ‘Tamayazo’. Aguirre no quería interferencias y tuvo las manos
libres para llevar a cabo su proyecto político, inspirado en el liberalismo
anglosajón al más puro estilo Ronald Reegan o Margaret Thatcher. Olvidémonos por unos momentos de su apuesta
por la educación privada y segregada, de la locura de las autopistas de pago o
de los pelotazos urbanísticos, Aguirre, desde que puso su primer pie en la
presidencia de la CAM, se obsesionó con la sanidad, con su modelo de sanidad.
Una veintena de
hospitales tradicionales públicos existían en la comunidad madrileña a finales
del año 2003. Apenas si destacaba el concierto con la Fundación Jiménez Díaz. Aguirre, en nueve años de mandato, construyó
diez hospitales más. ¿Construyó? Más bien, encontró socios para construirlos. Socios
privados, que son los verdaderos dueños, desde constructoras a fondos de
capital riesgo como Capital Partners. Los hospitales Infanta Elena
de Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles y Rey Juan Carlos de Torrejón
nacieron con gestión privada. El nuevo presidente de la CAM, Ignacio González,
ha culminado el plan con el anuncio de la privatización de otra media docena de
hospitales de la era Aguirre: Vallecas, Henares, Sureste, Aranjuez, Norte y
Parla. De los diez centros hospitalarios construidos, solo uno, el nuevo Puerta
del Hierro, trasladado de Madrid a Majadahonda, no es totalmente privado. Al
menos, de momento.
La dimisión de
Aguirre como presidenta de la CAM, que no salida de la esfera política (sigue
tutelando a la sombra a González, a quien ya en su momento quiso colocar en la
presidencia de Caja Madrid), ha acelerado el impulso privatizador sin necesidad
de que la ambiciosa política madrileña se queme. Un colaborador necesario, en
definitiva, cuya abnegación incluso ha irritado a sectores menos liberales del
PP, como demuestra el supuesto enfado de la alcaldesa de la capital, Ana
Botella, con los cambios anunciados en La Princesa. La crisis económica no ha modificado el plan inicial del PP madrileño de
trasladar paulatinamente la sanidad hacia un modelo de gestión privada. Junto
con la privatización de seis hospitales, un 10% de los centros de salud se
convertirán en cooperativas dirigidas por empresas con intereses, lógicamente,
más económicos que sociales. Ya el exconsejero de Sanidad de Madrid, Juan José
Güemes, animó en su momento a un círculo de empresarios cercanos a acceder al
mundo sanitario desde la atención asistencial primaria.
El ala liberal del PP
que gobierna en la CAM no mueve ni un paso e insiste en unos números
contestados por una amplia mayoría de profesionales del mundo de la sanidad. El
Partido Popular expone que el coste por paciente y año es de 441 euros con una
gestión privada por 600 euros con una gestión pública de los hospitales. Ni
siquiera han servido como serios avisos la situación de la sanidad británica.
En el pasado invierno, el primer ministro, David Cameron, anunció la aprobación
de un fondo de emergencia de 1.500 millones de libras para afrontar los pagos
de siete hospitales de gestión privada. Aguirre y González, sin embargo, siguen
mirando al Reino Unido con una enfermiza envidia. Hay muchos pacientes en juego. Y mucho dinero. Y todo esto sin hablar del
euro por receta que deberán abonar la mayoría de madrileños desde el próximo mes
de enero. Lo dicho, mucho dinero privado, y cada vez menos salud pública.
NO AL CIERRE DE LA PRINCESA:
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