La sanidad tiene pacientes, no clientes

¿Cuál es el beneficio para los ciudadanos con un cambio en la gestión del sistema sanitario? Colocar a una o varias empresas privadas al mando de consultorios o hospitales implica la concesión de una carta blanca para buscar rentabilidad económica en un servicio, hasta ahora, público, esencial y pagado sin sangrar a la sociedad con elevados impuestos. Poner un precio a la salud de un país representa una revolución ideológica impulsada desde el Gobierno central y algunos ejecutivos autonómicos, en especial Madrid, para minimizar el volumen del Estado: el gran sueño de los conservadores y liberales españoles. ¿Estamos en crisis debido al coste de la sanidad pública, de los fármacos, de las ambulancias, de las prótesis o de la atención a los ‘sin papeles’? Radicalmente, no. Eviten que les engañen. Reflexionen y vean lo que está en juego: nuestro modelo social, nuestro Estado del Bienestar, nuestro futuro más cercano.

 

 

¿Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? ¿Todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? ¿Estamos en crisis debido a que algunos han vivido por encima de sus posibilidades? En España, se ha instalado un debate falso al respecto. No pocos ciudadanos piensan que el fuerte impacto de la crisis se debe a un Estado del Bienestar demasiado generoso. Pero, ¿es así? Hablemos de sanidad y utilicemos para ello datos oficiales de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.

España gasta 1.492 euros anuales por habitante en sanidad pública. ¿Es mucho dinero? Antes de que exponga números de otros países de la UE, analicen el valor cuantitativo de esta inversión. ¿Es exagerada? ¿A cuánto, ascienden, por ejemplo, sus gastos anuales en el mantenimiento de su vehículo: seguro, combustible, zonas de aparcamiento controlado, impuesto de circulación…, y sin contar plazas de garaje, posibles averías y multas y que su coche esté ya pagado? No creo que en muchos hogares el desembolso sea menor de lo que dedica la sanidad pública por cada español. ¿Es más importante su coche que su salud? ¿Merece mayor gasto? Recuerden que la sanidad pública española no es gratuita, esa es una interesada falacia lanzada desde los sectores más liberales del país, aquellos que sueñan con privatizarla. La sanidad pública española se paga con nuestros impuestos.

Miremos la inversión que se realiza en otros países cercanos. Según Eurostat, Luxemburgo es el país de la UE más espléndido, con 4.106 euros por habitante. Bajemos un escalón, Dinamarca gasta en sanidad pública 3.515 euros anuales por cada residente. Pueden pensar que esa mayor inversión se produce únicamente en países de tamaño medio, con altos salarios y elevada carga fiscal. Y no se equivocan: Países Bajos (2.691 euros), Austria (2.615) y Suecia (2.596) son buenos ejemplos. Pero ese argumento se agota rápido.

Insisto, siempre según datos de Eurostat, la inversión en sanidad pública por habitante es mayor también en socios de la UE como Francia (2.553 euros anuales) o Alemania (2.393 euros) ¿Siguen pensando que en España hemos vivido por encima de nuestras posibilidades en la atención sanitaria? ¿Siguen pensando que nuestro Estado del Bienestar es demasiado generoso, causante de la actual crisis económica y merecedor, por tanto, de los recortes que se están impulsando desde La Moncloa y determinados gobiernos autonómicos? Los números no parecen avalar las tesis de los amigos de las tijeras en los servicios públicos. Fräulein Merkel, tan amiga de los recortes en países ajenos que dirige con control remoto, gasta casi mil euros anuales más por habitante en sanidad pública que el Gobierno español. Un 60,3% más. Ahí queda la cifra para que reflexionen los que insisten en el elevadísimo coste de nuestro sistema público de salud.

Si las cifras en números no son suficientes, probemos con el porcentaje sobre el PIB que representa el gasto sanitario. El importe del presupuesto de la sanidad pública equivale a un 6,25% del PIB español. Es casi la misma cifra que en Portugal. Francia y Dinamarca superan el 8%, Alemania y Austria se acercan a esa cifra, mientras Bélgica, Islandia, Países Bajos y Suecia sobrepasan el 7%, según los últimos datos de Eurostat, que no informan sobre la situación en Reino Unido, Italia, Irlanda y Grecia.

Europa se caracteriza con respecto al resto del mundo no por su mayor competitividad económica o laboral, ni por su boyante labor en investigación, ni por su poderío político o militar, la UE destaca en el contexto mundial por su Estado del Bienestar. Ningún país con mayor prosperidad económica que España gasta menos que España en sanidad pública. Pensemos en la sanidad pública como un elemento no solo de la salud de los ciudadanos, sino de la salud y progreso de un país.

La sociedad española tiene motivos suficientes para presumir de un sistema público de salud de calidad y más barato que en las grandes potencias de la UE. No me parecería una mala idea que los ciudadanos recibieran una factura, como recurso informativo, para que conocieran lo que cuesta un ingreso hospitalario, una operación, una atención de urgencias… y comprobaran lo bien gestionada que está la sanidad pública española. Con menos recursos, económicos y humanos, se hace más y mejor que en gran parte de la UE.

¿Por qué entonces aplicar recortes en la sanidad pública española si los números demuestran que no es cara, está bien gestionada y ofrece un servicio de calidad? Las cuentas del Estado y de las autonomías se han descuadrado por un motivo distinto a la inversión en políticas sociales. ¿Por qué Rajoy solo mira el capítulo de gastos y no se preocupa por el de ingresos? Es allí donde se explica el déficit en las cuentas públicas: con un paro galopante (camino de los seis millones de afectados, según la última Encuesta de Población Activa), el consiguiente desplome del volumen de cotizantes a la Seguridad Social y el cierre de empresas, que justifican el incremento del gasto (con las prestaciones por desempleo) y la caída en los ingresos en impuestos tremendamente ligados a la producción económica de un país como el IRFP o el IVA. ¿Qué tiene que ver la sanidad pública en ese contexto?

La trampa es precisamente esa. Señalar al Estado del Bienestar como culpable de la situación económica para recortarlo, minimizarlo y, posteriormente, venderlo al mejor postor. ¿Quién no ha acudido nunca al médico a una consulta o a un especialista o incluso al servicio de urgencias? ¡Qué le vamos a hacer, la gente enferma, es algo de lo que muy pocos escapan, y más con el paso de los años! Millones de españoles son enfermos crónicos, millones de españoles han pasado alguna vez por el quirófano. ¿Conocen ustedes un sector con tanto movimiento? Sí, quizás otro al que también se le está atacando con la excusa de la crisis: la educación.

¿Con una gestión privada mejorarían las cuentas de la sanidad? Lo dudo mucho. Pensemos que para un hospital público un ciudadano es un paciente. Para un hospital con gestión privada es un cliente. Es un modelo que vulnera la esencia de la sanidad: salvar vidas al coste que sea. ¿Dejaría un hospital de gestión privada de atender a determinados pacientes? En principio, no. Pero, ¿qué haría si las empresas que se encargan de su gestión no obtienen una deseada y lógica rentabilidad económica? Un hospital público debe estar bien gestionado, pero no es ningún drama perder una asumible cantidad de dinero. La sanidad no es un negocio, no es algo susceptible de lucro. Un hospital dirigido por empresas privadas conjugaría la atención al paciente con la atención a sus inversores. Y, ¿quiénes serían entonces más importantes: los enfermos o los directivos de las empresas que dirigen el centro hospitalario y demandan beneficios?

El modelo de hospitales y centros de salud con gestión privada que pretende imponer la Comunidad Autónoma de Madrid con el rechazo generalizado de los profesionales del sector no es para nada una solución contra la crisis. Es más, al medio o largo plazo, puede ser el germen de un inminente problema económico. Ceder la atención sanitaria de miles de pacientes a empresas privadas supone dejarlos al albur de la evolución de las cuentas de resultados de los gestores. Ningún gobierno, al menos hasta ahora, aceptaría dejar sin cuidado a esos ciudadanos. Sin embargo, un posible deterioro de su margen de beneficios conllevaría necesariamente una modificación del contrato con la administración correspondiente y, como consecuencia, un mayor coste para los ciudadanos.

Ejemplos existen fuera (David Cameron, por ejemplo, tuvo que destinar en febrero de este año 1.500 millones de libras para ayudar a siete hospitales de gestión privada), y dentro de España, como el Hospital de la Ribera de Alzira. Nació en el año 1999 como el modelo, con matices, que ahora quiere trasladar a Madrid Ignacio González, presidente de la CAM. Entonces, el presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, concedió la gestión del Hospital a cinco empresas privadas, solo una dedicada a la salud: Adeslas. El resto, dos constructoras: Dragados y Lubasa, y dos entidades financieras: Bancaixa y la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Esta unión de empresas con muy poco en  común más que el ánimo de lucro a través de la dirección de un Hospital se encargó de construir el edificio y de atender a los pacientes. A cambio, el Gobierno de Zaplana abonaba 204 euros por cada paciente, tres veces menos que con una gestión pública.

¿Dónde está el truco? Esa menor cantidad venía acompañada de una restricción en la cartera de servicios: transporte sanitario, farmacia, prótesis y oxigenoterapia, que siguió pagando el Ejecutivo de Zaplana. El ahorro, por tanto, era mucho menor del que vendía la Generalitat. Pese a las ventajas ofrecidas, en los cuatro primeros años de gestión privada se acumuló una deuda de casi cinco millones de euros. Y Zaplana tuvo que ayudar a las cinco empresas. Rescindió el contrato y las indemnizó con 69 millones de euros debido a las pérdidas obtenidas. Cambió las condiciones del servicio la Generalitat, incluyendo la gestión de centros de salud y una mayor cantidad por paciente (379 euros) Y el nuevo concurso lo ganó la misma unión de empresas: Adeslas, Dragados, Lubasa, Bancaixa y la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Todo un éxito… empresarial, no tanto administrativo y sanitario.

¿Merece la pena cuartear una sanidad pública que cumple su función siendo, además, más barata que en las principales potencias económicas europeas y entregar su gestión a empresas privadas que no garantizan un menor coste? ¿Es realmente una de las prioridades que debe tener un Gobierno como el de Ignacio González en Madrid para salir de la crisis? ¿Construyó únicamente Esperanza Aguirre hospitales con el fin de facilitar la llegada de empresas privadas a la sanidad? ¿Es la crisis una simple excusa para cambiar el modelo público de salud por uno que busque un lucro económico con compañías privadas? Poner un precio a la sanidad representa una aberración moral y no conlleva ventajas económicas. La sanidad tiene pacientes, no clientes; al igual que la educación cuenta con alumnos, no clientes. No tengo nada en contra de la iniciativa privada, es la que mueve un país, pero hay sectores donde debe tener vetada su entrada porque su justo objetivo de rentabilidad económica choca con la rentabilidad social que persiguen los servicios públicos como los centros de salud.

Por tanto, las cifras de Eurostat desmienten que el sistema sanitario español sea caro, las cuentas públicas evidencian que el déficit surge por el desplome de los ingresos debido a la caída de la actividad económica y las experiencias pasadas, como el Hospital de la Ribera de Alzira, demuestran que la gestión privada acaba siendo mucho menos barata de lo que se dice. A pesar de estas evidencias, ningún observador neutral afirmaría que la sanidad pública se encuentra hoy igual que hace un año: restricción de la atención a los ‘sin papeles’ -anulada por el Tribunal Constitucional-, copagos farmacéuticos o próximamente en ambulancias o prótesis representan un paso atrás por culpa de las medidas adoptadas por el PP.

De poco han valido los sólidos argumentos de que España no tiene una sanidad inviable que haya causado esta crisis económica. ¿Por qué está pagando los platos rotos? La salud de un ser humano no tiene precio. Seguro que existen partidas mucho menos sociales donde sí se puede meter la tijera. Que lo hagan, y no toquen a los pacientes. No son clientes, son personas enfermas a las que curar.