Banco malo, solución larga y sin seguridad absoluta

¿Podrá la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) absorber 89.000 pisos, trece millones de metros cuadrados de suelo y miles de créditos morosos a promotores? ¿Conseguirá que el crédito vuelva, de inmediato, a fluir y permita la recuperación de la actividad laboral y de la economía? ¿Es justo limpiar los balances de las entidades financieras con dinero público, a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), mientras los desahucios siguen siendo frecuentes tras una tibia reforma del Gobierno?

 

La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) se acerca a su primer mes de una vida que se extenderá a lo largo de quince años. De momento, las cuatro entidades más importantes implicadas en el rescate financiero de la UE, Bankia (22.318 millones), Catalunya Banc (6.708), Novagalicia (5.707) y Banco de Valencia (1.962), han transferido activos tóxicos derivados del ‘ladrillazo’ por valor de 36.695 millones de euros. En el primer trimestre de este 2013, lo harán las otras cuatro entidades que han recibido ayudas de Bruselas, Liberbank, Caja3, Banco Mare Nostrum y Caja España-Caja Duero, con un importe aproximado de 4.588 millones. El objetivo, limpiar los balances y permitir el regreso del crédito para reactivar la economía española. Pero las dudas son muchas y las urgencias inmensas.

Los indultos y la arbitraria seguridad vial del PP

Las últimas medidas de gracia aprobadas por el Gobierno con condenados por graves delitos de tráfico representan un insulto a la memoria de las víctimas, un innecesario dolor extra a sus familias y un paso atrás en el objetivo de mejorar la educación de los ciudadanos al volante. No se puede perdonar a conductores cuyas imprudencias han causado la muerte a otras personas. La impunidad con este tipo de conductas es un gravísimo error a la hora de reducir la siniestralidad en las carreteras. Si no existe la posibilidad de un duro castigo, las infracciones volverán a aumentar. Y eso por no hablar de las excepcionales circunstancias personales que rodean a alguno de estos indultos.

 

Ramón Jorge Ríos Salgado está en la calle. Ha pasado diez meses en prisión, mucho menos de los trece años que le impuso la Audiencia Provincial de Valencia por un delito de conducción grave, con desprecio para la vida de los demás. El Gobierno ha aprobado su indulto. Ramón Jorge Ríos Salgado fue el conductor kamikaze que acabó con la vida de un joven de 25 años, José Alfredo Dolz. El accidente ocurrió el 1 de diciembre de 2003 en la autopista de peaje AP-7, en Polinyà de Xúquer (Valencia) El indultado Ríos Salgado, tras acosar a un conductor en la AP-7, a la altura de la salida Torrente-Calicanto, tomó el peaje de Silla. Poco después, decidió circular en dirección contraria durante cinco kilómetros. Nueve vehículos estuvieron a punto de chocarse con él (ver gráfico). La pericia de sus conductores lo evitó. Hasta que colisionó contra el vehículo de José Alfredo Dolz, que viajaba junto con su novia. José Alfredo falleció. El sufrimiento de su familia, sin embargo, no acababa más que empezar.

Madrid Arena, la tragedia que nadie quiere asumir

Dos meses y medio después de la avalancha humana que causó la muerte a cinco jóvenes en una fiesta de Halloween, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, se resiste a aceptar responsabilidades del Ayuntamiento pese a que el accidente ya se ha llevado por delante a dos concejales. Botella mantiene intacta la misma estrategia: minimizar el papel del Consistorio en un accidente que pudo evitarse si las autoridades municipales hubieran cumplido su función. Miguel Ángel Flores y Diviertt no son los únicos culpables de un escándalo del que la sociedad española exige un castigo ejemplar mientras asiste a una lamentable ceremonia de acusaciones mutuas entre las autoridades locales y la empresa organizadora del espectáculo.

 

Katia, Rocío, Cristina, Belén y María Teresa no se merecían un final así. Katia, Rocío, Cristina, Belén y María Teresa, y sus familias, tampoco se merecen lo que está pasando tras aquella trágica madrugada del 1 de noviembre, noche de Halloween, en el recinto del Madrid Arena. Una avalancha propiciada por un aforo más que superado desencadenó la muerte de cinco jóvenes de entre 17 y 20 años. Desde entonces, la actitud de la empresa organizadora de la fiesta, Diviertt, y del Ayuntamiento de Madrid, responsable del cumplimiento de las normas de este tipo de eventos, ha sido grosera con la memoria de Katia Esteban, Rocío Oña, Cristina Arce, Belén Langdon y María Teresa Alonso. Ni la empresa ni el Consistorio han querido asumir responsabilidades y han buscado, desde el principio, culpables ajenos, simples chivos expiatorios.