Ciudadanos de primera y segunda, ahora también en la justicia

El Gobierno acelera sus planes de entierro del Estado del Bienestar. En el mercado laboral, en la sanidad, en la educación… y ahora también en los juzgados. La ausencia de los nuevos impresos aplaza durante “varias semanas” la puesta en marcha de las renovadas tasas judiciales. Chapuza sobre chapuza. 

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid… El Gobierno de Rajoy ha hecho eslogan de este dicho popular. La crisis se ha convertido en la perfecta excusa para reformular el estado de convivencia en España. El Partido Popular, mientras proclama falsas promesas de recuperación económica (no lo digo yo, lo dice el Banco de España), ha acelerado su plan de cambio social. 


Lo ha hecho en el mercado de trabajo, con una reforma laboral que resta derechos adquiridos a los trabajadores y que no está creando (ojalá) empleo. Lo está haciendo en la educación, con la espeluznante subida de las tasas universitarias, la salida de miles de profesores interinos o las nada disimuladas apuestas por la educación privada y concertada. Y lo está haciendo en la sanidad, con medidas como el ‘medicamentazo’, la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles o la creciente defensa de una gestión privada en los hospitales y ambulatorios. Miremos a Madrid, y echémonos a temblar. En solo un año, España sigue muy lejos de salir de la crisis económica, el consumo y el desempleo están peor que a finales de 2011, pero el Estado de Bienestar ha empezado a ser desmontado pieza a pieza con falsas explicaciones de que hay que hacer sacrificios. Ya saben, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y ese argumento ha llegado también ahora  a la justicia con una inadmisible subida de tasas.

Aterra lo que se puede leer en el preámbulo de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, publicada en el Boletín Oficial del Estado de este miércoles. Según se expresa en el preámbulo de la nueva normativa: “El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes. Desde el momento en que la Constitución encomienda al legislador la regulación del alcance de esta última, está reconociendo que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la Administración de Justicia. Sólo en aquellos supuestos en los que se acredite “insuficiencia de recursos para litigar” es la propia Constitución la que consagra la gratuidad de la justicia”.

¡Cuánta desfachatez, señor Gallardón! El artículo 24 de la Constitución Española reconoce la tutela judicial efectiva como un derecho fundamental de los ciudadanos. “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Mire, señor ministro, la subida de las tasas judiciales, que llega, además, en un momento de graves problemas económicos para muchas familias, no colabora precisamente en el cumplimiento de la tutela judicial efectiva. Este Gobierno, en su carrera por minimizar el Estado de Bienestar, está poniendo trabas económicas al acceso a la justicia de no pocos ciudadanos españoles. Este copago judicial atenta contra el derecho a la tutela judicial efectiva.

Y todo, ¿por qué? El Gobierno del Partido Popular sigue reprimiendo a los ciudadanos, sigue acusándonos, como norma general, de sobreutilizar los servicios públicos, sigue haciendo de la excepción, norma. Nos regañan, nos acusan de provocar un gasto público innecesario. Y, como estamos en crisis, la coartada perfecta, se ponen mayores exigencias para acceder a la justicia. ¡Ah, sí!, de paso, se recaudan 306 millones de euros, según cálculos de un Gobierno que por un lado clama que estamos saliendo de la crisis y, por otro, busca desesperadamente dinero por todos los lados para eludir un rescate que en todo el mundo, para nuestra desgracia, dan por descontado.

Las tasas judiciales son una nueva muestra de la política neoliberal  de este Gobierno. No es lo mismo la derecha que la izquierda, por más mensajes contrarios que se lancen desde determinados altavoces mediáticos. Con las tasas judiciales, tenemos otro ejemplo. El Ejecutivo socialista de Felipe González las eliminó en 1986, tras derogar una Ley franquista de 1959. Regresaron con el Partido Popular en La Moncloa, en 2003, con Aznar. Las tasas entonces se limitaron a las grandes empresas. Rajoy y Gallardón han dado un paso adelante más y, en medio de una crisis económica de enormes dimensiones en la sociedad, obligarán a los ciudadanos a pasar por caja  a la hora de presentar una demanda civil o un recurso contencioso-administrativo. A esto, algunos lo llaman combatir contra la crisis. Otros vemos un ataque al Estado de Bienestar.  

Acostúmbrense a las nuevas tasas a la hora de acudir a la justicia: 

-Orden civil:

Procedimiento verbal y cambiario: de 90 a 150 euros.

Procedimiento ordinario: de 150 a 300 euros.

Monitorio y demanda incidental en el proceso concursal: de 50 a 100 euros.

Ejecución extrajudicial: de 150 a 200 euros.

Concurso necesario: de 150 a 200 euros.

Recurso de apelación: de 300 a 800 euros.

Casación y de infracción personal: de 600 a 1.200 euros.

-Contencioso-administrativo:

Procedimiento abreviado: de 120 a 200 euros.

Procedimiento ordinario: de 210 a 350 euros.

Recurso de apelación: de 300 a 800 euros.

Recurso de casación: de 600 a 1.200 euros.

-Social:

Suplicación: de 0 a 500 euros.

Casación: de 0 a 750 euros.

La variación se aplicará a las grandes empresas. Hasta ahora, las personas físicas estaban exentas de estas tasas.

Por si fuera poco, la premura con la que se ha tramitado esta nueva ley, que cuenta con el rechazo unánime del mundo judicial, ha provocado una improvisación, una chapuza más del Ejecutivo central. Las nuevas tasas, que han entrado hoy en vigor, no pueden aplicarse por la ausencia de los impresos para abonarlas. ¿Qué hubiera sucedido con otro Gobierno en La Moncloa con semejante caso de mala planificación? Gallardón habla de que este nuevo sistema de tasas mejorará la eficacia del sistema judicial. Curioso argumento cuando ni siquiera han sabido tener los impresos listos con la ley publicada en el BOE. Será a partir de diciembre o enero próximos cuando estén listos.

Entonces, veremos los efectos de esta justicia con recargo económico. Veremos desistir a ciudadanos por pleitear una multa de tráfico de, por ejemplo, 200 euros porque ese será el coste de la demanda. Veremos a mujeres víctimas de violencia de género tener que gastarse hasta 800 euros en un hipotético recurso de apelación en un divorcio contencioso. Veremos a un trabajador despedido abonar 500 euros en un recurso en primera instancia. Y veremos, según cálculos del Consejo General de la Abogacía, cerrar a un 30% de bufetes. Para el Gobierno y el ministro Gallardón, supondrán los efectos de un mejor modelo de gestión de la justicia. Para el conjunto de la ciudadanía, significará otra cuchillada trapera a nuestro Estado de Bienestar.