Rajoy nos castiga sin salir de casa

El Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que prepara el Partido Popular carga ‘indisimuladamente’ contra el derecho de manifestación. El PP quiere acallar las protestas ciudadanas. ¿A qué me recuerda esto? ¡Ah, sí, al señor Fraga cuando clamaba aquello de “la calle es mía” para dispersar las manifestaciones pidiendo la reinstauración de la democracia tras la muerte de Franco! Si es que nos tendrían que aplicar a todos la Ley de Vagos y Maleantes de la dictadura, ¡mira que atrevernos a expresar nuestras ideas, mira que pensar que vivimos en una democracia, mira que osar criticar a nuestro gran líder mundial Mariano Rajoy!

 

 

Resulta curioso que un partido, el PP, que hace escasos dos años obtuvo una clara mayoría absoluta en las urnas tenga tanto miedo a los ciudadanos. ¿No están tan seguros de que van a volver a ganar en las próximas elecciones? Igual es que les han entrado las dudas, ¿por qué será?, y les molesta eso de que los ciudadanos demuestren su malestar en las calles. El Ministerio de Interior, dirigido por uno de los miembros más reaccionarios de este Gobierno, Jorge Fernández Díaz, un personaje anacrónico, ultima un Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que plantea muchas dudas sobre su legalidad constitucional.

 

Rajoy y sus muchachos arden en deseos de dificultar las mareas sociales que recorren España y las múltiples protestas contra los recortes del Partido Popular. Ellos piensan que manifestarse es de malos ciudadanos. Ya tenemos elecciones cada cuatro años para pronunciarnos. Como si fueran nuestros estrictos padres, nos castigan a cerrar la boca y sin salir de casa. ¡Y sin merendar, coño! ¿Cómo osamos cuestionar a Mariano Rajoy Brey? Rojos, que somos unos rojos.

 

Si nos quedamos sin casa, nos jodemos (como diría la diputada Andrea Fabra) y pensamos en los pobres bancos; si nos bajan el sueldo un 40% (como se planteó a los empleados del servicio de limpieza de Madrid), nos aguantamos sin rechistar (eso sí, ni se nos ocurra dejar de consumir y fastidiar la recuperación económica); si estamos enfermos y nos toca pagar por las medicinas, sacamos la chequera (¿a quién se le ocurre ponerse enfermo y crear gasto público?); si a nuestros hijos les dejan sin profesores, recordamos que, cuando éramos niños, teníamos a 50 compañeros de clase… Prohibido quejarse en la calle.

 

El Partido Popular tiene alergia a las protestas en las calles. Claro, cuando las convocan otros, porque bien que apoyaron marchas contra Zapatero por su política antiterrorista o por la reforma de la Ley del Aborto. Ahora que les toca gobernar no interesa que la gente se manifieste. Las constantes protestas son un molestísimo grano en el culo a la hora de vender el mantra de la recuperación económica. Rajoy ha encontrado la solución: un Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que nos condena a quedarnos calladitos. Una mordaza legal a la libertad de expresión.

 

El Gobierno baraja unas sanciones muy cuantiosas para disuadir a la gente de protestar en la calle. Así, por ejemplo, si no se producen cambios en el Anteproyecto, se impondrán multas de entre 30.001 y 600.000 euros para las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado (Congreso, Senado, parlamentos autonómicos y altos tribunales) aunque no tengan actividad en ese momento. La misma sanción se impondrá para las protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares, estaciones de metro o pistas de aeropuerto, y a los escraches o actos de acoso a cargos públicos.

 

El Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana supone todo un blindaje legal para proteger al Gobierno. Una vez más, los políticos desprecian las opiniones de los ciudadanos. ¿Es que no les interesa conocer las quejas de la sociedad? Pues, no. El Gobierno solo quiere obediencia civil en las calles. Para vivir en democracia, ¡qué poco sentido democrático tienen!

 

Al ministro Jorge Fernández Díaz solo le falta poner en el preámbulo, al más puro estilo Manuel Fraga, “la calle es mía”. Fraga, entonces ministro de Gobernación, confiaba en desactivar las protestas que inundaban España tras la muerte del dictador Franco. No lo logró. Más de tres décadas después, el PP tiene el mismo propósito: evitar que la disconformidad ciudadana se aprecie en las calles. El Gobierno se considera amo y señor para decidir dónde y cómo se puede uno manifestar.

 

No es algo que deba sorprendernos. El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, llamó “pijo ácrata” al juez Santiago Pedraz cuando archivó la causa contra ocho imputados por la concentración del 25 de septiembre del pasado año ante el Congreso. La Justicia tampoco había apoyado las denuncias del PP contra los escraches. Valga como ejemplo el auto del juez Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, por el escrache contra la portavoz y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Según el magistrado, fue un acto de libertad de expresión y del derecho de manifestación. No hubo amenazas, ni coacciones, ni violencia. La denuncia no prosperó.

 

Y, como cada vez que al PP no le dan la razón en los tribunales, se cambian las reglas de juego. El margen de actuación de los jueces se reducirá si sale adelante el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. La portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, Lucía Girón, ya ha avisado que “las medidas para garantizar la seguridad nunca pueden limitar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de manifestación o la libertad de expresión”. La moderada Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria considera que supone una “ley de excepción” que “no va en consonancia con la democracia” y que “recuerda” a la Ley de Vagos y Maleantes en vigor durante el franquismo.

 

La Constitución Española, en su artículo 21, reconoce como un derecho fundamental “el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa”. En España, podemos presumir de que, pese al deterioro de la situación económica y laboral, el descontento e incluso la desesperación se está canalizando en protestas pacíficas. ¿Dónde está la violencia que justifique un nuevo marco legal?

 

A veces, da la sensación de que, precisamente, lo que está incitando este Gobierno es la aparición de protestas descontroladas para tener una excusa para criminalizar a los manifestantes y, sobre todo, los motivos de las protestas. Un ejemplo claro es el ministro Wert que lleva meses provocando a la comunidad educativa minimizando la marea verde en comparación con los incidentes en las huelgas educativas en Chile o México. A este Gobierno le molesta que nos manifestemos en las calles, pero casi le molesta más que nos manifestemos pacíficamente.

 

La Constitución ya delimita el derecho  de reunión “en lugares de tránsito público. Se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”. Negar el uso político de la calle, como pretende este Gobierno, es una puñalada a la democracia.

 

¿Qué es más peligroso: un escrache a Soraya Sáenz de Santamaría o una protesta de los médicos madrileños contra la privatización de la Sanidad o la celebración, por ejemplo, de un éxito deportivo con miles de personas en la calle? Repasen los incidentes que se producen en cada hecho. Insisto, las protestas en España son pacíficas. No hay actos violentos, solo gente cabreada con las políticas del Gobierno. ¿Entiende el PP que una reunión de vecinos apoyando a una familia que va a ser desahuciada merece la amenaza de una multa de hasta 600.000 euros?

 

Por si fuera poco, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana parece escrito por un mando de los antidisturbios. ¿Cómo les suena a ustedes que el Gobierno estudie sancionar a quien insulte a un policía o un guardia civil o tome imágenes y fotografías? ¿El Gobierno quiere expulsar a los periodistas de las manifestaciones, que no se vea qué pasa en ellas?

 

 

Recordemos las imágenes de los antidisturbios entrando como el caballo de Atila en algunas estaciones de metro de Madrid. Un exceso de celo que se criticó gracias a las cámaras de televisión y a los móviles de algunos ciudadanos. Ahora quedarían impunes. Lo mismo pasaría con los salvajes ocho mossos d’esquadra que asesinaron recientemente al empresario Juan Andrés Benítez  en Barcelona en una impresentable actuación policial. Solo las cámaras de los vecinos les han impedido, de momento, irse de rositas.

 

¿Qué es lo que pretende el Gobierno con el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana? ¿Que nos quedemos todos calladitos, que agachemos la cabeza cuando paseemos por las calles de España? ¿Que ni se nos ocurra manifestar nuestro rechazo a sus políticas? ¿Por qué nos tiene tanto miedo este Gobierno? ¿Por qué tanto pavor y recelo a escuchar críticas en la calle cuando vivimos en un país que garantiza el derecho a la libertad de expresión? Mariano, nos castigas a quedarnos en casa. No te haremos caso.