La justicia no puede legitimar a la corrupción

El poder judicial ha vendido su alma al poder político. La llamativa reducción de la condena de Jaume Matas, la exculpación de José Blanco en la investigación del ‘caso Campeón’, la militancia en el Partido Popular del presidente del Tribunal Constitucional, el doble excarcelamiento de Miguel Blesa (con la posible sanción al juez Elpidio José Silva) y el deplorable papel de la Fiscalía, como perro guardián del Gobierno, en el ‘caso Urdangarin’ debilitan, si cabe, un paso más a España. La vergonzosa fulminación del juez Garzón, como instructor de la Trama Gürtel, marca una pauta en los tribunales españoles que muy poco tiene que ver con lo que la sociedad espera de ellos. A los poderosos, ni tocarlos.

 

 

La confianza y la esperanza de los ciudadanos en una imprescindible regeneración de la democracia española pasa imperiosamente por una justicia activa, sin complejos y libre. ¿Nos equivocamos? La justicia española, en la lucha contra la corrupción, parece, sin embargo, bailar al empalagoso ritmo de aquella famosa canción con la que muchos conocimos a Ricky Martín: "Un, dos, tres. Un pasito p'alante, María. Un, dos, tres. Un pasito p'atrás". Con una diferencia, la 'María' de la justicia se llama clase política.

 

Con la corrupción como uno de los problemas más importantes de España, las miradas de muchos ciudadanos se han centrado como nunca en los tribunales. Necesitamos una justicia libre para limpiar un sistema viciado. La sociedad española sueña con ver a políticos y banqueros con sentencias firmes en su contra. Porque la sensación actual es que están protegidos por el poder judicial. No es sed de venganza, es deseo de justicia.

 

Los casos de corrupción política brotan con una inusitada facilidad. Sin embargo, muy pocos implicados ingresan en prisión. Parece casi imposible. En España, robar altas cantidades de dinero público merece un castigo penal muy inferior a sustraer 600 euros de un comercio. ¿Recuerdan las palabras del Rey en el discurso de Navidad del año 2011? Juan Carlos I se jactaba, con su yerno, Iñaki Urdangarin, camino de los juzgados, de que “la justicia es igual para todos”.

 

¿Ustedes qué creen? ¿Decía la verdad el monarca? No lo parece. El tratamiento judicial a la infanta Cristina es un claro ejemplo. El juez Castro imputó, en un auto con catorce indicios, a la hija del Rey dentro de la investigación del ‘Caso Nóos’ por la presunta apropiación indebida de fondos públicos. Había incluso fecha para la declaración: 27 de abril. A la Fiscalía le sobró tiempo para frenar la imputación. No perdió ni un segundo.

 

Por si existían dudas de la protección a la institución monárquica, el mismo Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, señalaba que la Fiscalía “se congratulaba” por la no imputación de la Infanta. No ha tenido la misma suerte la mujer de Diego Torres, socio de Urdangarin en Nóos. Ana María Tejeiro sigue imputada pese a que su papel es muy similar al de la Infanta. Ya saben, “la justicia es igual para todos”, Don Juan Carlos I, dixit.

 

La Fiscalía tampoco ha parecido muy interesada en que se esclarezca la verdad en el ‘caso Blesa’. El banquero, presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010 e íntimo amigo de José María Aznar, ha protagonizado un episodio absolutamente esperpéntico con dos ingresos casi consecutivos en Soto del Real: 16 de mayo, con apenas 24 horas de duración, y 5 de junio, con dos semanas de estancia en la cárcel.

 

Al juez Elpidio José Silva, que considera que la compra del City National Bank de Florida, en abril de 2008 por un valor de 1117 millones de dólares, fue una operación turbia, le puede costar cara su osadía por cuestionar a uno de los ‘intocables’. La Fiscalía, otra vez la Fiscalía, ha interpuesto una querella contra el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid por dos delitos contra la libertad individual (por los ingresos en prisión de Blesa), uno de prevaricación y otro de retardo malicioso en la Administración de Justicia.

 

Además, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha propuesto por unanimidad una sanción para el juez de cuatro meses y siete días de suspensión y el pago de una multa 600 euros. Los vocales del CGPJ le han atribuido la comisión de dos faltas disciplinarias muy graves y una grave. José Elpidio Silva, desde que se atrevió a ‘meterse’ con Blesa, ha pasado a ser un juez apestado. A los poderosos no se les lleva a prisión, hombre.

 

En la última semana, el Tribunal Supremo ha echado más leña al fuego de la credibilidad de la justicia española. Dos importantes políticos, uno por cada principal partido de España: Jaume Matas (PP) y José Blanco (PSOE), han salido muy favorecidos con decisiones del Supremo. Matas, condenado a seis años de prisión por prevaricación, malversación, falsedad en documento público y mercantil, fraude y tráfico de influencias en el ‘caso Palma Arena’, por el sobrecoste en la construcción del velódromo, no pisará la cárcel.

 

El Supremo ha reducido la pena a nueve meses. Solo ha certificado la condena por tráfico de influencias. Matas, que tiene una veintena de causas pendientes, ha sacado pecho. El expresident de Illes Balears, que no tuvo problemas en defender en el programa de televisión ‘Salvados’ sus negocios con el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, está crecido: “Seguiré defendiendo mi inocencia hasta el final”.

 

Otro que se ha beneficiado del Supremo es el exministro socialista José Blanco, implicado en el ‘caso Campeón’ por un supuesto delito de tráfico de influencias. El Supremo ha archivado la causa. Blanco también se siente fortalecido. En una entrevista en ‘El País’ apuntaba hacia el constructor que le acusó: “Dorribo me difamó para salir de prisión. Sorprende que siga en la calle”. Blanco, como la Infanta, Blesa y Matas, puede agradecer el trato que ha recibido de la justicia. Un ciudadano normal quizás no habría tenido tanta fortuna.

 

Y, miren por dónde, voy a defender la presunción de inocencia, ¡faltaría más!, pero es que tantas coincidencias a uno le escaman. La magnanimidad del Supremo ha tenido este miércoles un último premiado: Yolanda Barcina (presidenta del Ejecutivo navarro), por el caso de las dobles y triples dietas en Caja Navarra. ¡Qué suerte tienen los políticos, las altas esferas del Estado, como la monarquía, y los banqueros en los tribunales! Me llamarán mal pensado, pero me parece todo mucha casualidad.

 

Pero, a fin de cuentas, ¿qué podemos esperar de un país donde el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, ha militado, al menos hasta el año 2011, en el Partido Popular y no pasa nada? ¿Dimitir? ¡Qué ocurrencias tenemos algunos, que esto es España, que aquí no dimite nadie! Cierto es que el TC, como tal, no pertenece al poder judicial y a sus miembros no es aplicable el régimen de incompatibilidades de jueces y magistrados que impide la militancia en un partido político.

 

Sin embargo, si la mujer del César no solo debía ser honrada sino también parecerlo, ni les cuento la justicia con la imparcialidad. Cualquier atisbo de conexión política es veneno en la credibilidad de nuestro poder judicial en unos momentos, además, en los que los casos de corrupción se amontonan en los tribunales. ¿Alguien cree actualmente con firmeza en la separación de poderes en este país? Sin ella, se desmoronaría nuestra democracia. Pero, ¿realmente existe? 

 

La vergonzosa fulminación del juez Baltasar Garzón, como instructor de la Trama Gürtel, marcó una pauta en los tribunales españoles que muy poco tiene que ver con lo que la sociedad espera de ellos. Los poderosos, sean políticos, miembros de la Familia Real o financieros, parecen regirse por otras leyes. Si la justicia nos falla, ¿cómo será posible limpiar este corrompido sistema? Necesitamos jueces limpios, imparciales y valientes. ¿Quedan? La justicia, lejos de combatir la corrupción, parece, con honrosas excepciones (Garzón, Castro, Silva y Ruz) más interesa en legitimarla y en proteger a sus importantes protagonistas. Se ha vendido al poder.