El
comienzo del juicio del ‘Caso Nóos’ prosigue con la descarada estrategia
institucional de salvar la cara a la infanta Cristina. Porque ni la justicia es
igual para todos, ni tampoco, por lo que parece según las palabras de la
Abogacía del Estado, Hacienda somos todos.
Nada
más lejos de mi intención hacer apología de la insumisión fiscal pero…
Amigo lector, si tiene usted problemas legales con Hacienda, igual le interesa esta historia. Y aunque no es un cuento de reyes y princesas, tiene a su infanta de rubia cabellera.
Le avanzo dos eslóganes, que se han quedado en eso, en eslóganes, porque se han demostrado falsos:
-La justicia es igual para todos.
-Hacienda somos todos.
Tendremos que empezar a pensar si entramos dentro de ese genérico todos. Y quiénes son esos todos. La infanta Cristina, por ejemplo, no.
“Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos”.
¿Seguro?
El rey Juan Carlos se marcaba, en su discurso de Navidad del año 2011, uno de los mayores vaciles públicos a la ingenua sociedad española.
2011 había supuesto el estallido del ‘Caso Nóos’, con el yerno del rey, el exjugador de balonmano Iñaki Urdangarin, y su hija, la infanta Cristina, en el centro de la diana.
El monarca se mofaba de su pueblo alegando que “la justicia es igual para todos”.
Si algo ha demostrado el ‘Caso Nóos’, cuyo juicio ha arrancado el 11 de enero tras cinco largos años de compleja y cuestionada instrucción, es que, en España, “la justicia NO es igual para todos”. Si no hubiera sido por la tenacidad del juez Castro, que ha soportado toda la maquinaria del Estado en su contra, la infanta Cristina no se habría sentado en el banquillo de los acusados.
Porque
aunque el ‘Caso Nóos’ no es un juicio explícito contra la monarquía borbónica
española, sino un juicio más en esta corrupta España por la malversación de
seis millones de euros de dinero público (la instrucción nace como una denuncia
de la oposición al Gobierno de Jaume Matas en las Islas Baleares), no cabe
ninguna duda de que la monarquía se juega mucho en este proceso. Se juega su
maltrecha credibilidad.
Y es que la infanta ha sido, desde el primer momento, la principal protagonista en el ‘Caso Nóos’.
No por su papel en el proceso, ya que los principales acusados son su marido Iñaki Urdangarin y su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, además de más de una decena de cargos públicos de los Gobiernos de las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana e incluso la Comunidad de Madrid.
Pero sí por su relevancia pública: la hija del anterior rey y la hermana del actual monarca, implicada en un caso de corrupción.
Y lo que era un caso de corrupción se ha convertido, por la presencia de la infanta y su marido, en algo más: un ‘juicio’ al papel de la monarquía.
La instrucción del ‘Caso Nóos’ ha sido un fiel reflejo de la verdadera raíz de este proceso: Hay que salvar a la infanta.
La maquinaria del Estado, incluida la judicial, se ha centrado en salvar a la hermana del rey Felipe, con la abnegada connivencia de todos los medios de comunicación afines a La Moncloa y La Zarzuela. Todo han sido dificultades para el juez Castro.
Sí, el rey Juan Carlos nos vaciló en la Nochebuena de 2011 mientras el españolito medio ‘discutía’ con el ‘cuñao’ de turno, sobre fútbol o política, en la tradicional cena navideña.
La
justicia NO es igual para todos. La infanta ha contado en todo este proceso con
la inestimable ayuda del propio fiscal, Pedro Horrach, cuya función en este
proceso se aproxima mucho a la de un abogado defensor de la segunda hija de los reyes
Juan Carlos y Sofía. Y es que la infanta es una de los cuatro acusados, sobre
un total de dieciocho, que no está acusada por la Fiscalía.
La jugada es clara: la exculpación de la infanta, que no declaró ante el juez Castro hasta el 20 de febrero de 2014, casi dos años después que su marido.
Por si había dudas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una extraña manera de entender la imparcialidad de la justicia, ha opinado en varias ocasiones, y en la misma dirección, sobre la situación procesal de la hermana del rey Felipe. Rajoy ha reiterado “el deseo y la convicción” de la inocencia de la infanta.
Y de paso dejaba, por si se le ocurría lo contrario, sin maniobra al fiscal Horrach. En un Estado donde la Fiscalía conserva un estatus de “dependencia jerárquica”, con el Fiscal General del Estado, elegido directamente por el Gobierno, al frente, Rajoy y el resto del Ejecutivo del PP le marcaban el camino a Horrach.
Por si aún alguno no se había enterado de que la justicia NO es igual para todos, que no deja ser un eslogan, la primera jornada del ‘Caso Nóos’ ha servido para desmontar otro lema básico en la sociedad española.
Y es que todo vale para salvar a la infanta. La maquinaria del Estado hará todo lo posible para que el paso de la infanta por el banquillo de los acusados sea efímero.
La estrategia estaba cantada: Doctrina Botín. Una jugarreta legal que demuestra que el rey Juan Carlos se cachondeó de toda España en su discurso navideño de 2011. La ‘quintaesencia’ de que la justicia NO es igual para todos. Botín eludió en 2007 el banquillo de los acusados por el caso de las cesiones de crédito comercializadas por el Banco Santander. El expresidente del Banco Santander se colocaba por encima de la justicia por una curiosa interpretación de la Audiencia Nacional, avalada por el Tribunal Supremo, según la cual no se puede juzgar a nadie si la Fiscalía y la acusación particular no acusan.
Vía
libre para que sea el poder político, gracias a su control sobre la Fiscalía y
la Abogacía del Estado, quien decida quién puede y quién no puede ser juzgado.
Lo fue Emilio Botín. Y la intención es que también lo sea la infanta Cristina, que se enfrenta a una condena de ocho años de prisión por un delito contra la Hacienda Pública, según la petición de la acusación particular de Manos Limpias.
Y si la justicia NO es igual para todos, resulta que Hacienda tampoco somos todos.
Dolores Ripoll, representando a la Abogacía del Estado, nos lo acaba de aclarar en la primera sesión del juicio del ‘Caso Nóos’.
Según Ripoll, el Tribunal Supremo “limita el alcance de la frase ‘Hacienda somos todos’, exclusivamente, al ámbito en el que nació y para el que se dirigió, como es el de la publicidad, no el judicial”.
Todo sea para salvar a la infanta. Incluso que Hacienda ya no seamos todos.
Amigo lector, si tiene usted problemas legales con Hacienda, igual le interesa esta historia. Y aunque no es un cuento de reyes y princesas, tiene a su infanta de rubia cabellera.
Le avanzo dos eslóganes, que se han quedado en eso, en eslóganes, porque se han demostrado falsos:
-La justicia es igual para todos.
-Hacienda somos todos.
Tendremos que empezar a pensar si entramos dentro de ese genérico todos. Y quiénes son esos todos. La infanta Cristina, por ejemplo, no.
“Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos”.
¿Seguro?
El rey Juan Carlos se marcaba, en su discurso de Navidad del año 2011, uno de los mayores vaciles públicos a la ingenua sociedad española.
2011 había supuesto el estallido del ‘Caso Nóos’, con el yerno del rey, el exjugador de balonmano Iñaki Urdangarin, y su hija, la infanta Cristina, en el centro de la diana.
El monarca se mofaba de su pueblo alegando que “la justicia es igual para todos”.
Si algo ha demostrado el ‘Caso Nóos’, cuyo juicio ha arrancado el 11 de enero tras cinco largos años de compleja y cuestionada instrucción, es que, en España, “la justicia NO es igual para todos”. Si no hubiera sido por la tenacidad del juez Castro, que ha soportado toda la maquinaria del Estado en su contra, la infanta Cristina no se habría sentado en el banquillo de los acusados.
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La infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarin, a su salida tras la primera jornada
del juicio del 'Caso Nóos'.
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Y es que la infanta ha sido, desde el primer momento, la principal protagonista en el ‘Caso Nóos’.
No por su papel en el proceso, ya que los principales acusados son su marido Iñaki Urdangarin y su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, además de más de una decena de cargos públicos de los Gobiernos de las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana e incluso la Comunidad de Madrid.
Pero sí por su relevancia pública: la hija del anterior rey y la hermana del actual monarca, implicada en un caso de corrupción.
Y lo que era un caso de corrupción se ha convertido, por la presencia de la infanta y su marido, en algo más: un ‘juicio’ al papel de la monarquía.
La instrucción del ‘Caso Nóos’ ha sido un fiel reflejo de la verdadera raíz de este proceso: Hay que salvar a la infanta.
La maquinaria del Estado, incluida la judicial, se ha centrado en salvar a la hermana del rey Felipe, con la abnegada connivencia de todos los medios de comunicación afines a La Moncloa y La Zarzuela. Todo han sido dificultades para el juez Castro.
Sí, el rey Juan Carlos nos vaciló en la Nochebuena de 2011 mientras el españolito medio ‘discutía’ con el ‘cuñao’ de turno, sobre fútbol o política, en la tradicional cena navideña.
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De arriba a abajo: el juez Castro, la abogada del Estado Dolores Ripoll, el fiscal Horrach
y el Tribunal del 'Caso Nóos'.
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La jugada es clara: la exculpación de la infanta, que no declaró ante el juez Castro hasta el 20 de febrero de 2014, casi dos años después que su marido.
Por si había dudas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una extraña manera de entender la imparcialidad de la justicia, ha opinado en varias ocasiones, y en la misma dirección, sobre la situación procesal de la hermana del rey Felipe. Rajoy ha reiterado “el deseo y la convicción” de la inocencia de la infanta.
Y de paso dejaba, por si se le ocurría lo contrario, sin maniobra al fiscal Horrach. En un Estado donde la Fiscalía conserva un estatus de “dependencia jerárquica”, con el Fiscal General del Estado, elegido directamente por el Gobierno, al frente, Rajoy y el resto del Ejecutivo del PP le marcaban el camino a Horrach.
Por si aún alguno no se había enterado de que la justicia NO es igual para todos, que no deja ser un eslogan, la primera jornada del ‘Caso Nóos’ ha servido para desmontar otro lema básico en la sociedad española.
Y es que todo vale para salvar a la infanta. La maquinaria del Estado hará todo lo posible para que el paso de la infanta por el banquillo de los acusados sea efímero.
La estrategia estaba cantada: Doctrina Botín. Una jugarreta legal que demuestra que el rey Juan Carlos se cachondeó de toda España en su discurso navideño de 2011. La ‘quintaesencia’ de que la justicia NO es igual para todos. Botín eludió en 2007 el banquillo de los acusados por el caso de las cesiones de crédito comercializadas por el Banco Santander. El expresidente del Banco Santander se colocaba por encima de la justicia por una curiosa interpretación de la Audiencia Nacional, avalada por el Tribunal Supremo, según la cual no se puede juzgar a nadie si la Fiscalía y la acusación particular no acusan.
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| La infanta Cristina sabrá en los próximos días si será, finalmente, juzgada. |
Lo fue Emilio Botín. Y la intención es que también lo sea la infanta Cristina, que se enfrenta a una condena de ocho años de prisión por un delito contra la Hacienda Pública, según la petición de la acusación particular de Manos Limpias.
Y si la justicia NO es igual para todos, resulta que Hacienda tampoco somos todos.
Dolores Ripoll, representando a la Abogacía del Estado, nos lo acaba de aclarar en la primera sesión del juicio del ‘Caso Nóos’.
Según Ripoll, el Tribunal Supremo “limita el alcance de la frase ‘Hacienda somos todos’, exclusivamente, al ámbito en el que nació y para el que se dirigió, como es el de la publicidad, no el judicial”.
Todo sea para salvar a la infanta. Incluso que Hacienda ya no seamos todos.
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