El prevaricador fiscal Horrach

Si la Audiencia de Palma no lo impide, la infanta Cristina se sentará en el banquillo del caso Nóos junto con otros catorce acusados, entre ellos su marido Iñaki Urdangarin. El juez Castro ha concluido la instrucción con la imputación de la ahora hermana del rey Felipe VI por presunto blanqueo de capitales y como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. ¿Asunto zanjado? Ni mucho menos. La Fiscalía (siguiendo los pasos que marca el Gobierno) no ha jugado su última carta y ha optado por desprestigiar a Castro para salvar el cuello a la infanta. Todo vale para defender a la ‘borbónica’.

El juez Castro y su siniestra sombra, el fiscal Horrach.

Artículo 446 del Código Penal: De la prevaricación.

El juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado:

1. Con la pena de prisión de uno a cuatro años si se trata de sentencia injusta contra el reo en causa criminal por delito y la sentencia no hubiera llegado a ejecutarse, y con la misma pena en su mitad superior y multa de doce a veinticuatro meses si se ha ejecutado. En ambos casos se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años.

2. Con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años, si se tratara de una sentencia injusta contra el reo dictada en proceso por falta.

3. Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas.

Para un juez no hay peor acusación y condena posible que la prevaricación. Un delito que cuestiona directamente su profesionalidad. Un juez, alguien llamado a impartir justicia, actúa deliberadamente en contra de los principios jurídicos. Supone algo excepcional, pero no extraordinario. Jueces prevaricadores ha habido en España. Elpidio José Silva, el magistrado que ‘ha osado’ investigar al todopoderoso expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, está actualmente acusado de prevaricación. El precio de meterse con un intocable.

La lista de jueces prevaricadores no es extensa, pero sí cuenta con nombres muy influyentes. El actual abogado de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liano, fue condenado por el Tribunal Supremo a quince años de inhabilitación por el caso Sogecable. Apenas un año después, el Gobierno de Aznar indultó a Liaño. Pascual Estevill, Justo Gómez Romero, Fernando Ferrín Calamita, Francisco Serrano y, especialmente, Baltasar Garzón han sido otros jueces condenados por prevaricación.

A Garzón le expulsaron de la carrera judicial durante once años por las escuchas ilegales de la trama Gürtel, según el Tribunal Supremo. Curiosamente, el juez que investigaba uno de los casos de corrupción más graves en la historia de España aún sigue siendo el único condenado por Gürtel. ¡Como para confiar en la justicia! El honesto, inhabilitado. Los ladrones, en la calle. Así está montada España en las más altas esferas.

La prevaricación se ha convertido en un instrumento de coacción para aquellos jueces que se atrevan a ‘importunar’ a quien no deben. El último en sumarse a la lista podría ser el juez José Castro, instructor del Caso Nóos. Castro ha concluido el sumario, tras cuatro años de investigación, y mantenido la imputación a la infanta Cristina por presunto blanqueo de capitales y como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.

Me resisto a llamarlo valiente. Creo que incluso el mismo juez Castro se molestaría. Simplemente está cumpliendo con su trabajo, algo que en este país, cuando se trata de asuntos judiciales, puede ser un serio inconveniente para su futuro profesional. Castro, sin embargo, ha sorteado todas las zancadillas (y han sido muchas) que le han colocado en estos últimos años. Atreverse a investigar al marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, y a la misma infanta era algo que los estamentos más inmovilistas de la sociedad española no estaban dispuestos a permitir.

Erraron con Castro. Por los juzgados de Palma desfiló Urdangarin. Y también la infanta tras una primera imputación frenada en seco desde la Fiscalía. El Caso Nóos, una golfada más en esta España a mayor gloria del sufrido contribuyente, suponía una peligrosa afrenta para los monárquicos, más preocupados por el evidente desgaste social de la Casa Real (no hay más que ver la repentina abdicación de Juan Carlos I y su aforamiento exprés) que por los negocios sucios con dinero público de Urdangarin con el Instituto Nóos. Dinero que acababa en Aizoon, una sociedad participada por la infanta al 50%.

Ya he ironizado en este blog sobre la absurda estrategia de defensa de la infanta negando que conociera las actividades de Urdangarin y su socio Diego Torres (ver ‘El cuento de la infantita enamorada’). La infanta, si la Audiencia de Palma no lo impide, se sentará en el banquillo del Caso Nóos junto a otros catorce imputados, entre ellos su marido Urdangarin, su socio Diego Torres y su mujer y el expresidente de las Islas Baleares Jaume Matas. ¿Asunto zanjado? Ni mucho menos. El fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, aún no se ha dado por vencido. Horrach, antiguo amigo de Castro, ha ayudado tanto a la infanta como su mismo abogado, Miquel Roca. La infanta, esa mujer que ha destruido la amistad de dos amigos al más puro estilo de una película romántica o una canción de la factoría ‘Operación Triunfo’, cuenta con el privilegio de una doble defensa en el Caso Nóos.

Horrach nunca había cuestionado ninguna actuación de Castro. Hasta que se metió Cristina de por medio. Y llegó, inevitablemente, el toque de atención desde instancias superiores. Dice el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: “El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”.

Como sus compañeros fiscales, Horrach se debe al principio de dependencia jerárquica. Una aberración en un sistema democrático que menoscaba la independencia del Ministerio Fiscal cuando se trata de casos que afectan a personalidades del agrado del Gobierno. Por encima de Horrach aparece la figura del Fiscal General del Estado (actualmente Eduardo Torres Dulce). Un cargo propuesto directamente por el Gobierno. Si usted tiene conocimientos jurídicos, no le estaré contando nada nuevo. No obstante, conviene siempre recordar esta escala de jerarquía cuando hablamos del Ministerio Fiscal, para entender sus movimientos.

Horrach se distanció de Castro en el mismo momento que el juez valoró imputar a la infanta. Ahí se rompió todo. Nunca habrán escuchado a ningún miembro del Gobierno conservar una postura neutral en la instrucción del caso. Más bien al contrario. Aún hoy, el mismo Rajoy sigue mostrando su convencimiento en la inocencia de la infanta. Pero, ¿eso no corresponde valorarlo a un Tribunal? Ni que decir tiene que Torres-Dulce no ha reprobado a su jefe Rajoy. Horrach aparece en el eslabón más bajo de una cadena de mando que daña muy seriamente la credibilidad de la justicia.

Horrach (más que nada porque ya estaba preparado) no ha tardado nada en saltar a la yugular del juez con un recurso con acusaciones gravísimas. A saber:

“El Instructor construye una andamiaje probatorio, con una falsa apariencia de solidez, para imputar a Doña Cristina de Borbón. Cuando se revisan los anclajes de dicha estructura se revela tal inconsistencia que una leve brisa lo desmorona”.

“El Instructor afirma la existencia de sobrados indicios de que Doña Cristina de Borbón colaboró activamente con el administrador de Aizoon, posponiendo a un momento posterior la descripción de los mismos, sin embargo el “como más adelante se verá” se convierte en un “como nunca se verá”.

“La imputación no puede sustentarse en la falta de explicación del acusado sobre los hechos que se le imputan (…) No es que la imputada sea evasiva sino que no dice lo que el Instructor quiere oír”.

“Ser simultáneamente Juez y Parte desemboca ineludiblemente en falta de imparcialidad y objetividad en la valoración de los hechos sometidos a debate”.

¿Qué está insinuando el fiscal Horrach? ¿Está acusando al juez Castro de prevaricador? Así se lo parece al mismo Castro:

“Creo que si el Ministerio fiscal cree lo que escribe, y habría que suponer que sí, lo que tiene que hacer es presentar, tenía que haberlo hecho ya, una querella contra mí por prevaricación”.

Horrach, por pura coherencia con su propio escrito, debería acusar a Castro de prevaricación. Si no lo hace, demostrará, una vez más, en la instrucción del Caso Nóos que se ha convertido en un hombre de paja al servicio de la infanta, mediando en su favor por órdenes directas de sus superiores jerárquicos (la Fiscalía General del Estado y el Gobierno).

Si cree verdaderamente en esas acusaciones, mucho está tardando en presentar la querella. Si no lo hace, ¿no será Horrach realmente un prevaricador actuando injustamente de manera consciente? ¿No es eso prevaricar, señor Horrach?