Rajoy se indigna con los escraches, no con los desahucios

Ada Colau se ha convertido en el enemigo número uno de La Moncloa. Su constante lucha contra los desahucios y su creciente presencia en los medios de comunicación distorsiona el mensaje del Gobierno de que su plan de ‘reformas’ está mejorando la situación de España y de los españoles. La campaña de protestas directas contra dirigentes del partido no ha hecho más que acelerar el malestar del Ejecutivo contra la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la verdadera oposición en el primer año de Rajoy como presidente. La solución, emprender una feroz campaña de desprestigio, con duras acusaciones incluso de vinculación con ETA. Eso sí, sin prueba alguna. Algunos entienden así la democracia. O conmigo, o contra mí.

 

Mariano Rajoy califica al escrache como “profundamente antidemocrático”. “No es democrático ni justo ni propio de un país serio que se acose a los diputados en su casa y se empapelen las paredes con carteles con su cara. Es profundamente antidemocrático. Tengo que decirlo y actuar en consecuencia”. Esteban González Pons, diputado del PP, sufrió un escrache en su vivienda de Valencia. Más en concreto sus hijos, ya que él no se encontraba en el domicilio. “Esto no es una plataforma, es una coacción. Se trata de una práctica delictiva, mafiosa, similar a la que utilizaban los nazis con los judíos”, ha valorado sobre la protesta emprendida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Pons ha presentado una denuncia: “Es inaceptable que aporreen mi casa cuando dentro solo hay niños”.

 

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha ido más lejos. En una entrevista concedida a RNE, Cifuentes ha vinculado a la portavoz de la PAH, Ada Colau, y a sus colaboradores más cercanos con ¡ETA! ¡Las cosas que se sueltan cuando a un político se le calienta la boca y no se para a pensar!: "Ada Colau y las personas que están en la plataforma anti desahucios han manifestado su apoyo, en determinadas ocasiones, a Bildu, a Sortu y a esos grupos que, a mi modo de ver y el de muchos españoles, tienen que ver con el entorno de ETA". Las acusaciones encantaron al portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que enseguida las secundó: "Este camino que ha emprendido esta plataforma o algunas personas que están dentro me parece un camino absolutamente equivocado. Lo único que hace es alentar a una izquierda radical que favorece e impulsa la violencia y que ha coqueteado en el pasado, e incluso en la actualidad, con otras organizaciones próximas al terrorismo". Toma ya, los portavoces en la lucha contra los desahucios apoyan a ETA.

Incluso dirigentes del PP de Euskadi, que deberían respetar si cabe más a las víctimas de ETA por su experiencia cercana e incluso personal, no se han ahorrado declaraciones contra la PAH. "No se ve ninguna diferencia ni en los gritos, ni en la actitud, ni en el fondo, entre los que venían del mundo de ETA a acosarnos y los que van ahora con la excusa de las hipotecas a acosar a los del PP", ha asegurado Antonio Basagoiti, líder del PP vasco. Basagoiti ha comparado la actitud de la PAH con las acciones de los nazis contra los judíos, "señalándolos en la puerta". "Ponerse en la puerta de una casa, amedrentar a la familia, señalar el portal y poner dificultades ante los vecinos es clavadito a la kale borroka".

Una cosa está clara, la campaña de escraches contra los políticos del PP les disgusta, y mucho. ¿Por qué ese rechazo tan fuerte a unas protestas que han sido pacíficas? No ha existido ni una sola agresión. Ni creo que la vaya a haber. Quizás ese rechazo se resuma en la siguiente frase de Basagoiti: "A los diputados del PP los ha elegido la ciudadanía, los españoles votando libremente. Yo no sé quien ha elegido a las plataformas esas que se ponen delante de las casas intentando amedrentar, a esos nos los ha elegido nadie".

Basagoiti, que viene de obtener en octubre los peores resultados electorales del PP en unos comicios autonómicos vascos desde 1990, delata una de las principales carencias sobre cómo entienden los políticos españoles la democracia: el voto, exclusivamente el voto. Entre elección y elección, el ciudadano debe restringir sus manifestaciones. Sobre todo cuando interesa al partido de turno. Recuerden cuando el PP incitaba a los sindicatos, con Zapatero en La Moncloa, a convocar una huelga general, mientras que ahora les acusan de antipatriotas cada vez que plantean una protesta. Para el PP, solo vale salir a la calle cuando ellos quieren, como en las manifestaciones contra la reforma de la Ley del Aborto o contra la política antiterrorista dictada por el PSOE, al que acusó de negociar con ETA. ETA siempre es la excusa. Por eso, los escraches molestan. ¿Creen ustedes que si el PSOE hubiera recibido este tipo de protestas con Zapatero como presidente hubiera sido idéntica la reacción del PP? Tengo mis dudas. Pons, bien conocido por su verborrea, alardearía de que eran la demostración del descontento social. Y acertaría entonces, como lo haría ahora.

¿Es el escrache antidemocrático como denuncia Rajoy? ¿Es antidemocrático que el pueblo se exprese pacíficamente? Creo que no. Afrontamos el sexto año de crisis. El desánimo en la calle es creciente. El agotamiento y la desesperación, también. Las esperanzas depositadas por algunos ciudadanos en el PP se están disipando a una velocidad asombrosa. El hartazgo social aumenta y el Gobierno, lejos de entenderlo, se revuelve contra los críticos. Un Gobierno, recordemos, que está aplicando justo todo lo contrario de lo que prometió en la campaña electoral de las elecciones generales de 2011, que está repitiendo la estrategia fallida de Zapatero con los brotes verdes, salvo que no utiliza ese nombre, y que está mostrando una gran insensibilidad hacia uno de los principales dramas de esta crisis: los desahucios.

Las últimas instrucciones del Gobierno en nada ayudan a resolver el problema. La Secretaría de Estado de Seguridad ha remitido a las comisarías una circular con el siguiente texto: “Contra quienes ejercen actos de hostigamiento y acoso a miembros de partidos políticos, sedes de partidos políticos, etc…, se procederá, en primer lugar, a identificar para sanción a quienes participen en estos actos, con arreglo a la Ley Orgánica 1/92 de Protección de Seguridad Ciudadana, o bien, si se tratara de actos constitutivos de delito, se procederá a la detención de dichas personas conforme a la legislación vigente”. La circular concluye con la siguiente recomendación: “Se ruega máxima difusión”.

El SUP (Sindicato Unificado de Policía), mayoritario en el Cuerpo, ha puesto de inmediato el grito en el cielo: “Si no se está cometiendo ningún delito o infracción administrativa, identificar a los ciudadanos y proponerlos para sanción es hacer una lectura torticera” de la ley  “sin cobertura legal”. El SUP considera que el Gobierno coloca a la Policía “a los pies de los caballos”. Desde el Ministerio de Interior han precisado que las identificaciones solo se realizarían en caso de actos violentos y que las detenciones se limitarían a agresiones, insultos graves y amenazas. No obstante, en la circular remitida a las comisarías no existen, en absoluto, estas instrucciones. Más parece que la intención del PP es amedrentar a los ciudadanos para que no salgan a la calle a protestar. Para ello, se ha propuesta politizar a la Policía. La queja del SUP lo demuestra.

Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior bien conocido por sus posturas ultraconservadoras, ratificaba este lunes en declaraciones al diario ‘El Mundo’ que se identificará a todo aquel que participe en los escraches, una acto que considera "antidemocrático” porque “quiere coaccionar el voto”. ¿Creen ustedes que los manifestantes están pensando en unas elecciones generales que, salvo adelanto, no se celebrarán hasta dentro de dos años y medio. No será que es el PP quien está preocupado por la evolución de su electorado y quiere justificarse buscando enemigos.

¿Por qué surgen los escraches? Quizás porque desde 2008 se han dictado medio millón de ejecuciones hipotecarias y, lejos de frenarse, aumentan. No voy a entrar en la absurda dialéctica de si se tratan de primeras o segundas viviendas, locales o plazas de garaje. Es tan sencillo como que en los juzgados se clasifiquen los desahucios y, sobre todo, se informe a la opinión pública. Mucho me temo que un número muy importante se refiere a primeras residencias. En caso contrario, seguro que desde el Gobierno o, al menos, sus medios de comunicación afines se estaría constantemente asegurando lo contrario.

El escrache aparece como una medida de presión enfocada hacia el partido que menor sensibilidad social ha mostrado hacia las familias desahuciadas: el PP. Los populares aceptaron ‘in extremis’ la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la Plataforma, avalada con casi un millón y medio de firmas, un volumen record en la historia de la democracia española. No estaba en sus planes hacerlo. Lo hicieron a regañadientes empujados por una realidad social que no se podía ocultar. El mismo día en que llegó al Congreso, el pasado 12 de febrero, una pareja de jubilados se suicidaba en Calvià (Mallorca) cuando se enfrentaban al desahucio de su vivienda.

Al PP, la sensibilidad le duró muy poco. De inmediato se aprestó a rebajar las expectativas de la ILP, que incluyen la dación en pago de forma retroactiva, la paralización de los desahucios y la regulación del alquiler social de las viviendas municipales vacías para que las familias con menos recursos puedan hacer uso de ellas. No estaba, ni está en los planes del PP. La dación en pago sigue sin entrar en su lenguaje. Su único movimiento, la posibilidad de reducir la deuda contraída, en un 35% si se abona en cinco años y en un 20% si se liquida en diez. Una medida de gracia muy lejos del alcance real de familias que han perdido sus casas, precisamente, por no tener dinero.

En apenas mes y medio desde que se admitió en el Congreso a debatir la ILP, el Gobierno ha rebajado considerablemente las expectativas. Es en este contexto donde nacen los escraches. No son caprichosos. "Hay un apoyo ciudadano masivo, una sentencia europea contra la ley española y una gran presión en un momento clave y por eso el PP se ha sacado de la manga esta campaña de difamación", ha recordado Ada Colau, portavoz de la PAH, que ya ha advertido que continuarán con estas protestas.

El PP es una formación que entiende la democracia casi exclusivamente con el voto cada cuatro años. Entre elección y elección, sobre todo si son en su contra, no quiere ver a la gente en la calle. La constante actividad de la PAH, su constante presencia en los medios les molesta. Es una ‘mosca cojonera’ que revolotea en su acción de (des)Gobierno. Mejor, desactivarla, aunque sea con acusaciones, sin pruebas, de vínculos con algo tan sensible como el terrorismo. Al PP, de todos modos, siempre le ha gustado jugar la carta de ETA contra sus rivales políticos o ciudadanos. Mancillar, insisto, sin pruebas a sus adversarios. La única realidad es que Stop Desahucios Bizkaia, que no toda la Plataforma, participó en una manifestación de apoyo al fin de la dispersión de presos de ETA.

En Euskadi, esa política penitenciaria tiene un apoyo cada vez más residual, y más desde que la banda terrorista anunciara el 20 de octubre de 2011 el cese definitivo de la actividad armada. Sé que es un tema muy delicado y que hiere a algunas sensibilidades. Por supuesto que estoy en contra de ETA, pero la política de dispersión de presos siempre me ha parecido un castigo extra a los familiares de los etarras que no facilitaba la paz. Hay que ser más listos, menos rencorosos, aunque moralmente pueda parecer una bajada de pantalones. Que un etarra pague sus crímenes con una condena de larga duración es lo justo pero, ¿qué más da dónde la cumpla? ¿No creen ustedes que a sus familiares no les hace ninguna gracia hacerse cientos de kilómetros para verlo? ¿No creen que eso facilita la aparición del rencor? Soy incluso partidario, según los casos, de la cadena perpetua para determinados terroristas, pero la política de dispersión no me parece acertada. Y menos ahora. Que Stop Desahucios Bizkaia pida su final es algo que reclaman muchísimos vascos, no solo los nacionalistas, y que no invalida, en absoluto, sus demandas en materia de vivienda.

De cualquier manera, Ada Colau ha negado esas malintencionadas acusaciones de apoyar al entorno de ETA. "Es realmente inmoral y no descartamos acciones legales por la difamación y el clima de confusión y tensión”. Colau ha recordado, además, que la PAH es “apartidista, independiente y plural”.

 

Sin embargo, se ha abierto la veda. En los medios conservadores se ha iniciado la campaña de desprestigio de Ada Colau, la gran oposición al Gobierno en su primer año en La Moncloa. Colau, el rostro de la lucha contra los desahucios, ha pasado a ser una antisistema peligrosa que apoya a los terroristas. Eso sí, sin pruebas. Se trata, en definitiva, de difamar, de lesionar su imagen pública, de desprestigiarla, de perder parte del apoyo ciudadana, de obligarla a tirar la toalla. ¿No es eso peor que un escrache que se limita a gritar a las puertas de un domicilio? La PAH es un molesto grano en el culo de un Gobierno que se afana en vender el mensaje de que su programa de ‘reformas’ está teniendo éxito. Cualquier día de estos escucharemos a Rajoy actualizar el famoso ‘España va bien’ de Aznar a un ‘España va mejor’. Que salgan desahucios todos los días en los informativos y que exista una Plataforma que los denuncie desmonta esa estrategia. Y, como con las protestas de los afectados por las preferentes, se opta por dos actitudes: ponerse al lado de los bancos y cajas y calificar de violentos a los manifestantes.

Los escraches continuarán. Así lo ha adelantado la Plataforma, que ha redactado un manual para que la protesta no se les vaya de las manos, algo que desde el Gobierno se espera con ansiedad para tumbar a este movimiento. Entre otras consignas, se insta a "no hacerlo cuando estén los niños en casa", "no importunar a los vecinos", "no pegar pegatinas en cualquier sitio" y "no insultar ni amenazar a los políticos a los que se realice el escrache". "Estamos esperando que el Gobierno condene con contundencia el acoso y la violencia de las entidades financieras contra la población", replica Ada Colau, el enemigo número uno de La Moncloa.