Que las madres decidan

El Partido Popular, tan liberal en aspectos económicos, prevé modificar la legislación que regula el aborto en España. En la práctica, toda una injerencia en la capacidad personal de cada mujer para decidir si desea continuar o no con un embarazo. La derecha española, cuando se trata de temas de moral, se vuelve rígida y ordena a los ciudadanos cómo deben comportarse.

 

“Nadie, hasta que ha vivido esto, sabe lo que se sufre. Es inconcebible que Gallardón pretenda forzar a las personas a pasar por situaciones que causan este dolor”. Gloria Muñoz se expresaba de esta manera en una entrevista concedida al diario ‘El País’ en el pasado mes de julio. Perdió a su hija, Alba, por una atrofia muscular espinal de grado I. La niña falleció a los siete meses. “Mucha gente me dice que al menos la he conocido, que he tenido unos meses a mi hija en los brazos. Pero si hubiera sabido esto antes, habría abortado. Lo que ella ha sufrido, lo que nosotros padecimos... Eso no es humano”. La atrofia muscular espinal es una enfermedad incurable y especialmente cruel. Causa debilidad muscular extrema. Quien la sufre tiene severas complicaciones para respirar y alimentarse. Alba vivió enchufada a una sonda sus últimos meses de vida. “Ver así a tu hijo es tremendo”. “El dolor y el sufrimiento que hemos vivido no se lo deseo a nadie”, resume.


Gloria y su marido son portadores del gen de la atrofia muscular espinal. Sus hijos tienen un 25% de probabilidades de padecer una enfermedad con una esperanza máxima de vida de tres años. No renuncian a volver a ser padres, pero tienen claro que no quieren volver a sufrir. La enfermedad se puede detectar con una biopsia de corión, un estudio genético prenatal que se efectúa en la decimotercera semana de gestación. “Tengo clarísimo que, si diera positivo, no seguiría adelante. Me iría a abortar fuera, a Londres si hace falta. Cueste lo que me cueste, pero no volveremos a pasar por lo mismo”.

El Gobierno del Partido Popular estudia modificar la ley del aborto, regresar a una normativa de supuestos y restringir las interrupciones voluntarias de embarazo en caso de malformaciones graves del feto, una posibilidad incluida en el texto aprobado en 1985 y que el Ejecutivo de José María Aznar no cuestionó cuando dirigió España durante casi ocho años.

En España, se registraron 118.359 interrupciones voluntarias de embarazo en 2011, según los últimos datos anuales del Ministerio de Sanidad. Unas doce mujeres, de cada mil, abortaron. El Partido Popular, en su programa electoral, incluyó como una de sus principales promesas en materia social la modificación de la legislación que regula el aborto. Recogida en el Título II de la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, fue impulsada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y entró en vigor en julio de 2010. Y, miren por dónde, esta es de las pocas medidas que el PP parece dispuesto a cumplir. La presión de la Conferencia Episcopal Española y la abnegación del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, nos avecinan a un próximo cambio legal.

¿Es necesario? Depende, claro, de quien responda. Para mí, claramente, no. La legislación española sobre el aborto no es tan diferente a las que existen en la mayoría de países europeos. Zapatero se limitó a adaptar la realidad nacional a la europea y aprobó una ley de plazos. Hasta julio de 2010, el aborto era todavía delito en España salvo en tres concretos supuestos que recogía una legislación previa que databa de 1985. Las españolas podían interrumpir sus embarazos en cualquier momento de la gestación si existía un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer; en caso de violación en las doce semanas iniciales; y en las primeras 22 semanas si se demostraba que el feto nacería con graves taras físicas o psíquicas. Excepto con las violaciones, era preciso, además, un informe médico favorable. Fuera de estos tres supuestos, el aborto era delito: de uno a tres años de prisión e inhabilitación para el profesional que lo practicara con consentimiento de la gestante y una pena de seis meses a un año de cárcel o multa de seis a 24 meses para la mujer.

Zapatero despenalizó el aborto, como ocurre en prácticamente todo el mundo civilizado, y aprobó una nueva legislación de plazos que rige en la actualidad. Solo en cuatro países europeos permanece una normativa de supuestos: Polonia, Chipre, Reino Unido y Finlandia. Resumiendo, se permite el aborto libre hasta la decimocuarta semana de gestación; hasta la vigesimosegunda, con informe médico favorable incluido, cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la madre o del feto; o sin limitación cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave o incurable. La Iglesia española, que nunca ha estado a favor del aborto, montó en cólera. Para la Iglesia, el aborto es poco menos que un asesinato y, si por ella fuera, no habría ninguno. El PP se subió al carro presentando un recurso de inconstitucionalidad, que aún no se ha resuelto, a la ley de plazos.

A la Conferencia Episcopal Española se le ha acabado la paciencia y exige que se modifique ya la ley. Antonio María Rouco Varela, cabeza de la Iglesia en España, ha apremiado al Gobierno conservador: “Los pasos dados en estos meses hacia la resolución de estos graves problemas resultan todavía insuficientes”. De inmediato, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, replicó que “seguramente haremos una Ley del Aborto que no les guste mucho a los obispos". No obstante, agregó que “el PP cumplirá con el compromiso de devolver la Ley del Aborto a la senda de la doctrina constitucional”.

La postura de Alonso parece, en realidad, una simple impostura. Las palabras de Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, apuntan hacia un tijeretazo en la legislación sobre el aborto, incluso por debajo de la ley de supuestos que existió en España entre 1985 y 2010 y que el mismo PP, cuando gobernó entre 1996 y 2004, no se planteó tocar. Los conservadores españoles, lejos de modernizarse, se han vuelto cada vez más retrógrados.

Gallardón, con el aborto, ha enseñado la ‘patita’ de una forma muy clara. Hace apenas un año sorprendió en la tribuna del Congreso: “El legislador no debe ser indiferente a la situación de muchas mujeres que ven violentado su derecho a ser madres por la presión que ejercen a su alrededor determinadas estructuras”. El ministro de Justicia denunció la existencia de una “violencia de género estructural por el mero hecho del embarazo”. “Ninguna mujer debería verse obligada a renunciar a la maternidad por un conflicto familiar, laboral o social”. "Esos son los principios rectores", zanjó el ministro en marzo del año pasado. Gallardón se comprometió a proteger la maternidad, el derecho reproductivo “por excelencia”.

Semanas después, intensificó su mensaje. El ministro de Justicia recordó tiempos pasados en los que el papel de la mujer se ceñía al ámbito familiar. “La libertad de la maternidad es la que hace a las mujeres auténticamente mujeres”. Como mínimo, discutible y muy ultraconservador. ¿Qué sucede, entonces, con las mujeres que no desean ser madres o son estériles? Siguiendo la argumentación de Gallardón, no serán nunca “auténticamente” mujeres.

Para el ministro de Justicia, las españolas, ante todo, deben ser madres. ¡Nada hay más importante para una mujer! Es su proyecto de vida. Y, claro, el derecho al aborto, que no considera como tal, colisiona con su ultraconservadora visión de la maternidad. Lo que olvida el ministro es que la maternidad es igualmente un derecho, no una obligación. ¿Por qué vamos a obligar a una mujer a ser madre cuando no quiere, por las circunstancias que sean, o cuando el feto tenga severas malformaciones?

Tener un hijo es una de las decisiones más importantes en la vida de una mujer. Tanto que pertenece a su esfera persona. Es la madre quien debe decidir si quiere continuar adelante con su embarazo. Nadie es quien para obligarla. Al PP, que tanto le gusta eliminar normas en el ámbito económico, le encanta colocar, sin embargo, cortapisas morales, desea dirigir la vida de los ciudadanos, fijar unas irrenunciables normas de conducta.

La legislación de plazos, con un margen de catorce semanas, permite a las mujeres y a su ámbito familiar decidir si desean ser madres sin tener que buscar excusas. A fin de cuentas, la anterior normativa de supuestos era un coladero, como denuncian incluso la misma Iglesia y asociaciones pro-vida. La mayoría de abortos se efectuaban bajo la premisa de la salud psíquica de las embarazadas. Y, si el PP regresa a esta legislación, volverá a suceder. No se puede obligar a nadie a ser madre cuando no quiere. ¿Sería, además, positivo para un hijo tener una progenitora que no le deseó?

No obstante, Gallardón ha adelantado alguna concesión a la Conferencia Episcopal Española. Se volverá a una ley de supuestos, pero solo con dos: violación y “peligro cierto” para la salud física o psíquica de la gestante. El ministro, además, ha advertido que la mujer tendrá que acreditar esos supuestos.

Si Gallardón impone su criterio, abortar será un delito cuando se aleguen malformaciones fetales. “No entiendo que se desproteja al concebido por el hecho de que tenga alguna minusvalía o malformación”. El ministro no ha precisado qué entiende por minusvalías. ¿Impedirá, por ejemplo, abortar a una mujer que espere un hijo con una enfermedad tan grave como la atrofia muscular espinal de grado I?

En Europa, solo en Irlanda, San Marino, Mónaco, Andorra, Malta y Liechtenstein está prohibido interrumpir un embarazo por malformaciones fetales. En la ley de supuestos española que funcionó entre 1985 y 2012, se permitía durante las primeras 22 semanas y con informe médico previo. Las españolas de 2013 pasarían a tener menos derechos que las españolas de 1985 a la hora de continuar o no con sus embarazos. Regresaríamos, por tanto, a una legislación arcaica que no deja capacidad de decisión a las mujeres sobre su maternidad. Difícil de justificar cuando en España no hay una tasa de abortos alarmante, muy similar a la que existe en la mayoría de Europa.

La reforma que ultima el ministro de Justicia incluye, además, un aspecto muy polémico que complicaría la práctica de los abortos: los profesionales de la red pública tendrán la decisión final. El 89,11% de las interrupciones voluntarias de embarazo practicadas en 2011 se realizaron en clínicas privadas. "Si se deja en manos de las comunidades autónomas la creación de comités médicos en los hospitales para autorizar todos los abortos, la elección de esos profesionales podría estar marcada por criterios políticos", ha alertado Francisca García, vicepresidenta de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo. De nuevo, el PP, tan liberal en doctrina económica, se mostraría como un intervencionista pluscuamperfecto en materia social.

¿Añora Gallardón los tiempos en los que las españolas volaban a Londres para abortar durante el franquismo? ¿Cree que es un avance regresar a esos días? No. Las mujeres, solas o en compañía de sus parejas, familiares o amigos, deben decidir qué hacer en caso de embarazo, no un agente externo, sea la Iglesia o el Gobierno de turno. “Nadie, hasta que ha vivido esto, sabe lo que se sufre. Es inconcebible que Gallardón pretenda forzar a las personas a pasar por situaciones que causan este dolor”. Sí, el caso de Gloria es extremo, con una hija con atrofia muscular espinal de grado I, pero incluso a ella este Gobierno la obligaría a ser madre. ¿Quiere Gallardón convertir en mártires a padres e hijos? “Lo que ella ha sufrido, lo que nosotros padecimos... Eso no es humano”. Que recuerde el señor Gallardón estas dos frases antes de cambiar una ley que respeta a las madres y a los hijos, porque usted, y solo usted, quiere decidir por ambos amparándose en la protección a los no nacidos. ¿Los atenderá el ministro de Justicia y el resto de su Gobierno, que está liquidando la Ley de Dependencia, cuando requieran una atención completa las 24 horas del día? A fin de cuentas, ¿quién mejor que una mujer puede expresar si quiere o no ser madre? Ella será quien atenderá a ese hijo, no usted señor Gallardón.