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| Oriol Junqueras declara en el Tribunal Supremo, con el resto de acusados a su espalda. |
De nueve a trece años de prisión para nueve de los doce acusados.
Oriol Junqueras (exvicepresident de la Generalitat) se lleva la mayor pena: 13 años de cárcel y 13 años de inhabilitación absoluta por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos en razón de su cuantía.
Los exconsellers Raül Romeva (Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales), Jordi Turull (Presidencia) y Dolors Bassa (Bienestar, Trabajo y Familia): 12 años de cárcel y 12 años de inhabilitación absoluta por los mismos delitos que Junqueras.
La expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell: 11 años y 6 meses de presión y 11 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por un delito de sedición.
Los exconsellers Joaquim Forn (Interior) y Josep Rull (Territorio): 10 años y 6 meses de presión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por un delito de sedición.
El expresidente de la ANC (Asamblea Nacional Catalana), Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart: 9 años de presión y 9 años de inhabilitación absoluta por un delito de sedición.
Los exconsellers Santi Vila (Empresa), Meritxell Borràs (Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda) y Carles Mundó (Justicia): 10 meses de multa, con una cuota diaria de 200 euros, y un año y ocho meses de inhabilitación especial por un delito de desobediencia.
Del juicio, y de la sentencia, se han escapado Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat, ‘exiliado’ en Bruselas, al igual que los exconsellers Toni Comín (Sanidad), Meritxell Serret (Agricultura, Ganadería y Pesca) y Lluís Puig (Cultura), que acompañan a Puigdemont en la capital belga, la exconseller Clara Ponsatí (Educación), ‘refugiada’ en Edimburgo, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la diputada de las CUP Anna Gabriel, las dos últimas en Ginebra para eludir al Tribunal Supremo.
¿Todo resuelto?
Ni muchísimo menos.
El juicio político más importante en la historia moderna de España no ha resuelto nada.
La sentencia ni siquiera ha dejado contento a alguien.
Los independentistas, porque perseguían una imposible absolución.
Enfrente, las fuerzas ‘unionistas’ (PP, Ciudadanos, Vox y no pocos sectores del PSOE), porque apostaron con fuerza por el delito de rebelión (forzando al máximo una violencia que no existió), que el fallo del Supremo ha rebajado a sedición, aunque las penas sean igualmente bastante duras.
Eso ya no importa.
Realmente, nunca importó demasiado (salvo por la situación personal de los presos y sus familias).
Lo único que ha cambiado la sentencia del Supremo es conocer la dimensión de la respuesta judicial al órdago independentista en Cataluña de hace un par de años.
La base del problema sigue igual que en otoño de 2017, cuando la Generalitat echó, y perdió, un pulso al orden constitucional en España.
Quizás incluso peor que hace dos años. La presencia de nueve líderes independentistas en la cárcel, dos años en prisión preventiva, más los fugados no ha sido algo que haya favorecido avanzar en la resolución del dichoso conflicto catalán. Más bien al contrario.
Tan ilusoria fue la declaración de la República de Catalunya como ilusoria ha sido y es la instrumentalización de la justicia para resolver un problema de claro componente político.
A mí, me gustaría que ninguno de los líderes independentistas estuviera en la cárcel.
Sí, han vulnerado la Constitución.
Sí, han cometido un delito.
Sí, merecen un castigo. Posiblemente, como el Supremo ha dictado, una inhabilitación. Incluso, permanente. Y una condena por malversación.
Pero, ¿qué se consigue con su encarcelamiento?
¿Desaparecerá el independentismo? No.
¿Disminuirá? A pesar del lógico hartazgo en la sociedad catalana, la pulsión independentista sigue alta.
¿Se acobardarán? Podría pasar incluso lo contrario en algunas personas, con riesgos reales de violencia, como insinúan las recientes detenciones de miembros de los CDR (Comités de Defensa de la República).
Hoy, el día de la sentencia del juicio del ‘Procés’, se demuestra más que nunca la inutilidad de la vía judicial para afrontar, en concreto, un problema y un desafío de carácter político como el independentismo catalán.
Hoy es el día, desde ya, para buscar, una vez acabada la tensión generada por el juicio, una solución.
Que no es fácil, por supuesto. Pero llevamos años sin intentarlo.
Porque Junqueras, Romeva, Turull, Bassa, Forcadell, Forn, Turull y los Jordis saldrán un día de la cárcel (sin contar con unos próximos permisos penitenciarios) y sería absurdo que cuando eso ocurra el problema catalán siga en el mismo punto (o peor) que cuando entraron.
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