El ministro de Hacienda rescata,
seis décadas después, la ‘caza de brujas’ del político republicano. Cambia,
ligeramente, de objetivo. Los comunistas que atormentaban al senador de Wisconsin se han convertido
en inspectores fiscales ‘cercanos’, supuestamente, al PSOE. El PP, lejos de
abochornarse por la oleada de dimisiones en la Agencia Tributaria, se justifica
acusando a los socialistas de ser los culpables. ¿Querrán hacernos creer que
disfrutar de una mayoría absoluta en el Congreso incluye la posibilidad de
realizar una purga ideológica en Hacienda? Hay que tener la cara tan dura como el cemento... de Cemex, por ejemplo.
“Su principal logro ha sido confundir a la opinión pública entre las
amenazas internas y externas del comunismo. No debemos confundir disenso con
deslealtad. Debemos recordar siempre que una acusación no es una prueba y que
una condena depende de la evidencia y del debido proceso de la ley”. Edward
Murrow, uno de los periodistas más importantes e influyentes de Estados en la
década de los cincuenta, replicaba desde las cámaras de la CBS al senador
Joseph McCarthy y su caza de brujas a todo lo que, aunque fuera lejanamente,
sonara a comunista.
La historia, ya saben, es circular. Seis décadas después, McCarthy ha
encontrado un abnegado admirador en el Gobierno español: el ministro de
Hacienda Cristóbal Montoro. Con una oleada de dimisiones en la Agencia
Tributaria, Montoro, en una charla informal con periodistas en los actos
conmemorativos del XXXV aniversario de la Constitución, abrazó sin vergüenza al ‘mccarthismo’.
Justificó los recientes cambios en Hacienda con un hipotético exceso de socialistas en el equipo de
inspección de la Agencia.
Ver para creer. McCarthy cazaba comunistas, fueran funcionarios o
personajes públicos, con endebles acusaciones. Montoro depura inspectores de
Hacienda a los que acusa (¿dónde están las pruebas?) de socialistas. Una purga,
por mucho que el ministro niegue el término, en uno de los organismos más
importantes en el funcionamiento de un Estado. Las injerencias de un ministro
jamás deberían afectar al organigrama del ente encargado de gestionar la política
fiscal de España. Los impuestos no son un juego y, mucho menos, objeto de batalla
política.
¿Qué pasaría si los inspectores de la Agencia Tributaria fueran mayoritariamente
socialistas o comunistas para agrandar la afrenta en honor al mentor de
Montoro, el exsenador Wisconsin Joseph McCarthy? ¿Está acusando el
ministro de Hacienda a los inspectores y a los altos cargos de Hacienda de
desempeñar su labor en función de su ideología? ¿Dónde están las
pruebas, señor Montoro? ¿Dónde? Además, ¿qué significa que en Hacienda había
mucho socialista, que ahora son todos simpatizantes del Partido Popular? ¿Desde
cuándo se politiza un organismo tan básico en la organización de un Estado como
la Agencia Tributaria?
Montoro, con su habitual
incontinencia verbal, se ha metido en un jardín de complicada solución. Ni sus
más incondicionales subordinados mediáticos, los aduladores Francisco Marhuenda
(director de ‘La Razón’), Bieito Rubido (director de ‘ABC’), Julio Somoano
(jefe de los servicios informativos de TVE) y Ernesto Saenz de Buruaga
(presentador de ‘La mañana’ de la COPE), van a tener fácil sacarle del charco. ¿Cómo
se puede garantizar el correcto funcionamiento de un Estado cuando se defienden
ceses de carácter político en la Agencia Tributaria?
El Partido Popular ha
entendido la mayoría absoluta, Montoro es un claro ejemplo, como una carta
abierta para organizar el país en todos sus estamentos con colaboradores cuanto
más cercanos, mejor. El cese de un inspector o un mando político no puede
fundarse en su ideología. La estrategia de Montoro llega, además, con recientes
actuaciones muy discutibles de la Agencia Tributaria. El Caso Nóos ha mostrado
las vergüenzas del ministro. Hacienda, en una nueva maniobra política (tras los apoyos del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, y del fiscal del caso, Pedro Horrach), ha validado facturas de la Infanta Cristina anteriormente
declaradas como falsas.
Tres oportunos justificantes de Diego
Torres, socio de Urdangarin, a Aizoon, la sociedad creada por la Infanta y su marido, han
pasado, por arte de magia, de ficticios a reales. No es algo casual. Esas
facturas suponen 69.990 euros. La Infanta, avalados estos justificantes,
eludiría el delito fiscal en el Impuesto de Sociedades al no superar la cuota
de 120.000 euros. Montoro no podía permitir que la hija del Borbón fuera
imputara por el juez Castro al que, una tras otra, se le cierran todas las
puertas con estridencia. La Infanta tiene la espalda bien cubierta.
Montoro no quiere testigos.
Necesita un cuerpo de fieles en Hacienda para usar la Agencia Tributaria con
fines políticos. El ministro, al que se la coló Luis Bárcenas lavando 10
millones de euros con la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno, se ha
encontrado con un inesperado problema: la profesionalidad de los inspectores y
el escándalo Cemex. Una inspectora ‘osó’ a cerrar un expediente sancionador por
importe de 450 millones de euros a la cementera de capital mexicano, una
cantidad, por ejemplo, similar a la inyectada por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) a la fusión entre
Caja Duero y Caja España.
Y, ¿qué hizo nuestro
ministro de Hacienda? ¿Celebró que una inspectora hubiera cazado a una gran
empresa vulnerando sus obligaciones fiscales? ¡No, que va! Eso sería en un país
normal. No se olviden que estamos en España. Montoro, tan valiente a la hora de
acusar a artistas y periodistas de fraude fiscal, ordenó que la sanción se redujera a, prácticamente, cero euros.
¡Claro, como sobra el dinero en España! La inspectora y el jefe del
departamento de Grandes Contribuyentes, Ignacio Ucelay, optaron por la
profesionalidad antes que por el mamoneo político y Hacienda les cortó la
cabeza.
Todo esto, por supuesto, Montoro lo niega, pero el reguero de
destituciones en la Agencia Tributaria es un sospechoso manantial que no cesa. En los
últimos días, han pasado por la picadora los delegados especiales en
Cantabria, Galicia y Asturias, la directora del servicio de Planificación y
Relaciones Institucionales y el jefe de Dependencia de Control Aduanero de la
delegación central de Grandes Contribuyentes. Cambios que se suman a la salida ‘voluntaria’
de Luis Jones, jefe de inspección de la Agencia Tributaria, el ‘número tres’
del organismo, por “notables diferencias” con la dirección.
Desde que Santiago Menéndez
se convirtió, a finales del pasado mes de enero, en el nuevo director de la
Agencia Tributaria, 29 inspectores han sido destituidos. Una purga que se ha extendido a la cúpula del organismo donde han sido relevados nueve de sus dieciséis
miembros. No sabemos si, como el lenguaraz Montoro ha soltado a los
periodistas, el problema era su ideología socialista, algo que parece
improbable cuando muchos de ellos, como en el caso de Luis Jones, fueron
nombrados por Beatriz Viana, antecesora de Santiago Menéndez como directora de
la Agencia Tributaria.
Las explicaciones, para
variar, han sido insuficientes y tendenciosas. Montoro, que le gusta la bronca
política más que a un tonto un lápiz, ha encontrado su excusa perfecta para
defender tanto cambio en los cargos de Hacienda: el PSOE de José Luis Rodríguez
Zapatero echó a más gente cuando estaba en el poder. ¡Y lleno la Agencia
Tributaria de socialistas! Y ahora hay que cazarlos y echarlos. ¡Viva el ‘mccarthismo’. El Comité de
Actividades Antiamericanas ya tiene sustituto: el Comité Fiscal de Actividades
Antipeperas. El espíritu de McCarthy se agita y se conmueve en el Congreso de los Diputados.
Ha poseído a Montoro, el cazador de inspectores de Hacienda socialistas. ¡Qué pena que en España no tengamos un Edward Morrow para responderle!
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