Los indultos y la arbitraria seguridad vial del PP

Las últimas medidas de gracia aprobadas por el Gobierno con condenados por graves delitos de tráfico representan un insulto a la memoria de las víctimas, un innecesario dolor extra a sus familias y un paso atrás en el objetivo de mejorar la educación de los ciudadanos al volante. No se puede perdonar a conductores cuyas imprudencias han causado la muerte a otras personas. La impunidad con este tipo de conductas es un gravísimo error a la hora de reducir la siniestralidad en las carreteras. Si no existe la posibilidad de un duro castigo, las infracciones volverán a aumentar. Y eso por no hablar de las excepcionales circunstancias personales que rodean a alguno de estos indultos.

 

Ramón Jorge Ríos Salgado está en la calle. Ha pasado diez meses en prisión, mucho menos de los trece años que le impuso la Audiencia Provincial de Valencia por un delito de conducción grave, con desprecio para la vida de los demás. El Gobierno ha aprobado su indulto. Ramón Jorge Ríos Salgado fue el conductor kamikaze que acabó con la vida de un joven de 25 años, José Alfredo Dolz. El accidente ocurrió el 1 de diciembre de 2003 en la autopista de peaje AP-7, en Polinyà de Xúquer (Valencia) El indultado Ríos Salgado, tras acosar a un conductor en la AP-7, a la altura de la salida Torrente-Calicanto, tomó el peaje de Silla. Poco después, decidió circular en dirección contraria durante cinco kilómetros. Nueve vehículos estuvieron a punto de chocarse con él (ver gráfico). La pericia de sus conductores lo evitó. Hasta que colisionó contra el vehículo de José Alfredo Dolz, que viajaba junto con su novia. José Alfredo falleció. El sufrimiento de su familia, sin embargo, no acababa más que empezar.



El proceso judicial ha sido eterno. Ramón Jorge Ríos Salgado no quería ir a prisión. Y lo consiguió durante algo más de ocho años agotando todo tipo de recursos. Ingresó en el centro penitenciario de Alicante el 2 de febrero de 2012. Y prosiguió con su objetivo de no cumplir la sentencia impuesta por la Audiencia Provincial de Valencia. Apeló al Tribunal Constitucional y reclamó el indulto. Diez meses después obtuvo la libertad. ¿Es un procedimiento normal atender una petición de estas características con un reo condenado a trece años de prisión? El indulto al conductor kamikaze se firmó, además, sin el aval de la Audiencia Provincial de Valencia, de la Fiscalía y de la familia de José Alfredo Dolz. Sin embargo, hoy vive en la calle con toda tranquilidad. Para la familia de José Alfredo Dolz ha supuesto añadir más dolor a un largo periodo superior a los nueve años esperando justicia. “Este perdón del Gobierno es una burla descarada”, ha resumido Loreto Dolz, hermana del fallecido, que pide que se revoque el indulto.

La medida de gracia solo ha sido ‘explicada’ por el subsecretario de Justicia, Juan Bravo. Para el número dos de Gallardón, el indulto tenía motivos suficientes: habían pasado nueve años de los hechos (eso sí, se olvida Bravo que la mayoría fuera de prisión) y el conductor kamikaze no ofrecía síntomas de que fuera a reincidir. Además, el subsecretario avaló la tesis de la defensa de Ramón Jorge Ríos Salgado: aquel 1 de diciembre de 2003 sufrió un ataque epiléptico. Un argumento que los forenses desmontaron en el juicio y que, de todos modos, “no justificaría una conducta tan compleja y prolongada”. La Audiencia Provincial de Valencia, en su fallo, tampoco se creyó la estrategia de la defensa del conductor kamikaze: “La única crisis que según se alega habría padecido sería precisamente la que según la defensa habría ocurrido el día de los hechos”. Es decir, el conductor kamikaze indultado solo habría sufrido un ataque epiléptico en toda su vida: el día del accidente. Mucha coincidencia, salvo para el subsecretario de Justicia, que ha dado por buena la explicación, y para los responsables del Gobierno que han concedido el indulto.

El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha limitado a señalar que no conoce las circunstancias exactas de un caso que cuenta, sin embargo, con inoportunas conexiones familiares y políticas. Uno de sus hijos, José Ruiz-Gallardón, trabaja en el bufete que ha defendido al conductor kamikaze, aunque es cierto que en ese despacho hay más de medio millar de letrados y que se encontraba en Brasil en el momento de la tramitación del expediente. Sin embargo, la conexión con otro alto dirigente del PP, Ignacio Astarloa, exsubsecretario de Justicia con Aznar entre los años 2000 y 2002, es irrefutable. Su hermano Esteban ha sido el letrado del conductor kamikaze indultado. Casualidades o no, la medida de gracia concedida a Ramón Jorge Ríos Salgado no ha gustado nada incluso a algunos miembros del actual Gobierno, como al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz: “En el futuro tendremos que estar más atentos a algunas cuestiones”.

Stop Accidentes, ONG que trabaja para reducir la siniestralidad en las carreteras, ha remitido, por su parte, una contundente misiva a Gallardón: "La concesión de este indulto representa un maligno mensaje a la sociedad y parece invitar e incentivar comportamientos criminales que deberían ser evitados y que merecen el reproche penal que fue aplicado por unos jueces y fiscales democráticos y justos, y que ahora usted decide incumplir, en unas circunstancias que creemos, muy sinceramente, que son una actuación desviada e inadecuada de la normativa sobre indulto”.

No obstante, el indulto de Ramón Jorge Ríos Salgado no resulta algo excepcional en las últimas semanas. El caso Ángel Carromero es un clarísimo ejemplo. Carromero, asesor del PP en el Ayuntamiento de Madrid y dirigente de las Nuevas Generaciones del mismo partido, recibió el tercer grado penitenciario en este mismo mes de enero. El político popular conducía el pasado 24 de julio un vehículo en Cuba que sufrió un accidente en el que fallecieron dos disidentes de Castro: Oswaldo Payá y Harold Cepero. Carromero no era, precisamente, una persona segura al volante. Dos meses antes del accidente, la DGT le comunicó que comenzaba el trámite para retirarle el permiso de conducir tras perder todos los puntos. Carromero sumaba, además, casi medio centenar de multas en apenas tres años.

Sin embargo, desde España, el Gobierno, el PP, en especial Esperanza Aguirre, y medios de comunicación afines se afanaron en vender el accidente como una oscura maniobra del régimen castrista. Carromero pasó a ser una víctima después de que la justicia cubana le condenara a cuatro años de prisión por homicidio imprudente. El político del PP, según la versión oficial, circulaba con exceso de velocidad por una carretera que estaba siendo reparada y se salió de la calzada golpeándose contra un árbol. España consiguió su extradición. Carromero abandonó Cuba a finales de 2012. Apenas dos semanas después, con una inusitada rapidez, recibió el tercer grado penitenciario. Aquí no se trata de juzgar al régimen de Fidel Castro. Carromero, por su condición de político del PP, ha gozado de un trato favorable en, una vez más, un delito de tráfico.

Los indultos o medidas benignas para condenados por delitos de seguridad vial han sido más. El pasado 21 de diciembre, el Consejo de Ministros conmutó una pena de cuatro meses de prisión por quince días de trabajo en beneficio de la comunidad a otro conductor, Reiner Pablo Herrera Valencia, por un delito contra la seguridad del tráfico. Casi un mes antes, el 30 de noviembre, el indultado fue Cristian Caraballo González, que tenía que afrontar una pena de dos años y medio de prisión “por conducción temeraria y un delito de homicidio por imprudencia grave”. A finales de 2012, con apenas un año en el poder, el PP había aprobado siete indultos por delitos de tráfico. En toda la legislatura anterior, casi cuatro años, fueron solo cuatro.

Y la política de perdón a los conductores irresponsables continúa intacta en este 2013. El último amnistiado es Rafael H. G., condenado por la Audiencia Provincial de Granada a tres años y tres meses de prisión. En la noche del 3 de julio de 2008, sobre las 23.45 horas, Rafael H. G., conductor novel (con menos de un mes de experiencia), estaba al volante de un vehículo en la carretera autonómica A-4004, que une las localidades granadinas de Puerto Lobo y Huétor Santillán. El turismo circulaba a más de 120 kilómetros por hora en un tramo regulado a 40. Se salió de la carretera en una curva e impactó contra un camión de recogida de residuos que se encontraba estacionado correctamente en la zona. No viajaba solo. Le acompañaban tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, que fallecieron. El Consejo de Ministros ha aprobado un indulto parcial para el conductor, que resultó herido de gravedad. Su pena ha pasado de tres años y tres meses de privación de libertad a dos años de prisión, quince días de trabajo en beneficio de la comunidad y un año de multa con cuotas diarias de dos euros. Al carecer de antecedentes penales, no entrará en prisión.

La ley que regula el indulto, con apenas 32 artículos, se remonta al año 1870 en un contexto político y social muy diferente al actual. Entonces, España vivía una época convulsa, en pleno Sexenio Revolucionario. La ley se aprobó antes del breve reinado de Amadeo I. ¿Les suenan estos nombres? Salvo que ustedes sean historiadores o amantes de la Historia, sus recuerdos se remontarán a los años del colegio e instituto. En 1988, la ley se modificó parcialmente. En todo caso, el indulto es una figura predemocrática, una injerencia del poder político en el judicial, una medida de gracia otorgada por el Rey, tras deliberación del Consejo de Ministros y a propuesta, principalmente, del ministro de Justicia. Todos ellos cargos políticos, ninguno judicial. ¿Tiene sentido mantener en el siglo XXI la posibilidad del indulto? ¿Por qué se puede perdonar a alguien que ha sido condenado por un tribunal? ¿No se debería, al menos, cambiar la ley, establecer unos criterios muy estrictos para evitar aberraciones como las cometidas en las últimas fechas con reos culpados por delitos graves de tráfico?

En los casos, además, de condenados perdonados tras cometer irregularidades incluso mortales al volante, subyace un problema extra: la tradicional permisibilidad de la derecha española con los excesos al volante. La presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero pasará a la historia por muchos errores, esencialmente económicos, pero sería injusto olvidar los logros, la mayoría sociales. Uno de ellos, muy importante y poco valorado, es la reducción de la siniestralidad en las carreteras. El 1 de julio de 2006 entró en vigor el permiso de conducir por puntos. En el año 2005, fallecieron 3.268 personas en accidentes de tráfico, según datos oficiales de la DGT, que ciñe esta estadística a las víctimas en el transcurso máximo de 24 horas desde el siniestro. En 2011, último año del Gobierno de Zapatero, la mortalidad había disminuido a 1.484 personas, menos de la mitad. La evolución en los años de Aznar en La Moncloa no fue tal. Entre 1996 y 2003, último ejercicio completo con Gobierno del PP, la siniestralidad siempre rondó e incluso superó en ocasiones los cuatro mil fallecidos. Las propuestas socialistas de imitar modelos como el francés con el permiso por puntos eran ninguneadas. Hasta que en la campaña electoral del año 2004, para no quedarse atrás, Rajoy se subió al carro y prometió lo mismo que llevaba rechazando en el Gobierno durante los ocho años precedentes: luchar contra la siniestralidad vial. Conviene recordar que el gallego, además, fue ministro del Interior.

 

No parece que desde el PP, más allá del ánimo recaudador de sus ayuntamientos (como otros muchos de color político diferente) con la extensión de las zonas reguladas de estacionamiento, haya tenido especial interés en tomar medidas relacionadas con el tráfico de vehículos. Con el regreso a La Moncloa, el primer año del Gobierno de Rajoy ha estado bastante huérfano de iniciativas en seguridad vial con una excepción: un proyecto para reducir los límites de velocidad en las vías secundarias, que concentran la mayor parte de los siniestros graves. Una propuesta acertada que, de momento, está en fase de estudio. Ahora bien, la política de indultos, con perdones inadmisibles a conductores con muertes encima, no parece la medida más adecuada en materia de tráfico. Nos traslada, más bien, a aquellas tristísimas palabras, ni más, ni menos, que de un expresidente del Gobierno, José María Aznar, con signos de euforia etílica y desvergüenza absoluta por el respeto a las normas de circulación: “Eso es como esos letreros que uno ve cuando pasa por la autopista y le dicen: no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, y ¿quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? (...) A mí no me gusta que me digan no puede ir usted a más de tanta velocidad (...) además le prohibo beber vino”. Para quienes recordamos el Gobierno de Aznar como una negra etapa en la historia moderna de España, ésta intervención, ya fuera de la presidencia, constituye una de sus más lamentables bravatas, y un profundo desprecio a la seguridad vial.

La aprobación de polémicos indultos de condenados por delitos de tráfico no colabora precisamente en la percepción que muchos españoles tenemos de que el PP respeta poco las normas de circulación. Un absurdo liberalismo que supone poner en peligro vidas. Cuestionar, como hizo Aznar, la ingesta de alcohol al volante es una completa insensatez. Perdonar a un conductor kamikaze, condenado a trece años de prisión, es una canallada a la memoria del fallecido y a su familia y una irresponsabilidad a la hora de crear una conciencia cívica al volante. El PP debe tomarse las políticas sobre seguridad vial mucho más en serio. Determinados errores de los conductores cuestan vidas y no pueden, ni deben, ser indultados, mientras, por ejemplo, se obliga a ingresar en prisión a un extoxicómano vigués totalmente rehabilitado, David Reboredo, con una pena de siete años de prisión por intercambiar dos papelinas de heroína. José Alfredo Dolz y muchos más no se merecen esto. “Estamos muy desanimados, es un mensaje muy negativo, porque parece que puedes ir borracho, superar la velocidad permitida y matar a personas porque luego te indultan”, resume José Pérez Tirado, abogado experto en seguridad vial de la Asociación de Víctimas de Tráfico.