La dimisión que no fue dimisión y, probablemente, nunca estuvo
cerca de ser dimisión. Un innecesario espectáculo que sólo estaba
en la cabeza del presidente del Gobierno. Una burda guionización de
la política como un serial de ficción de televisión. Una escenificación infantil
e irresponsable del caos. Una lamentable utilización de los
sentimientos y los temores de las bases electorales progresistas. Y, a
medio y largo plazo, más leña al fuego en una sociedad ya absurda y
peligrosamente demasiado tensionada por los intereses de unos y
otros.
La primera pieza de la Trama
(periodo 1999-2005) llegará a juicio, avanzado el año 2016, con un Tribunal
amigo con tres jueces conservadores: Concepción Espejel, que presidirá el
Tribunal, Enrique López, que será el ponente, y Julio de Diego. Los dos
primeros son conocidos magistrados vinculados con el PP, que les impulsó al
CGPJ. López pisó también, empujado por la mano amiga del PP, el Tribunal
Constitucional. ¡Como para creer en su neutralidad! Espejel y López, si
respetan verdaderamente la justicia, deberían inhibirse. Pero todos sabemos que
no lo harán. ¡Menuda suerte ha tenido el PP!
Me apetece hablar de Gürtel y la corrupción. Lo
siento Mariano pero soy de los que apuesta por el “martilleo constante” de la
corrupción. Es que soy muy ‘especialito’. Ya ves, Mariano, me interesan las
cuestiones de fondo y me aburren las anécdotas. Llevo días escuchando hablar y
hablar sobre los ofensivos tweets de algunos miembros de Ahora Madrid. No los
comparto. Es más, creo que Guillermo Zapata debería salir del Ayuntamiento de
Madrid. Es un profundo error su permanencia. Pero es un tema que se agotará en
cuestión de días porque no pasa de una anécdota. Lo mismo digo sobre la
remodelación de Rajoy en el PP y el Gobierno. Otra anécdota. El error del PP no
es su forma de comunicar sino sus injustas políticas que están provocando una
lacerante desigualdad. Y eso no se cambia con nuevas caras.
… pero me temo que así lo
hará. Como si fuera una relación amorosa rota con mucho dolor y resentimiento, el presidente
del Gobierno se mostrará en el Senado (el edificio del Congreso está en obras) absolutamente ofendido
por las acusaciones de su extesorero. Confiaba en lo que hacía, y me engañó. Yo
no soy culpable. ¿Alguien duda de que utilizará esta estrategia? Él es el bueno
del cuento.
El presidente del Gobierno
hablará. Y no porque le guste. La gravedad de las acusaciones del extesorero
del Partido Popular, Luis Bárcenas, no le dejan otra salida. La sociedad
española necesita explicaciones claras y absolutamente convincentes. De lo
contrario, la sombra de la duda seguirá creciendo en torno a la cúpula del PP
y, por extensión, en La Moncloa.
El accidente del tren Alvia 151, que realizaba la ruta Madrid Chamartín-El Ferrol, en la ya maldita curva de A Grandeira ha
convertido, de repente, en expertos de seguridad a medios de comunicación y
ciudadanos. El maquinista, por si no tuviera suficiente cargo de conciencia, está siendo objeto de un salvaje y apresurado linchamiento. Por la
memoria de los 78 fallecidos, por sus familiares, por la recuperación de los
heridos y por la confianza y las vidas de los futuros viajeros, conviene averiguar todo lo
que ha pasado. Aquí no vale descargar la culpabilidad exclusiva en una única
persona, en una cabeza de turco. Nadie quiere que se repitan los errores de los siniestros del
Yak-42, del metro de Valencia o del vuelo de Spanair Madrid-Gran Canaria,
¿verdad?
No creo que nadie quiera estar ahora mismo en el cuerpo de Francisco
José Garzón Amo, maquinista de Renfe de 52 años. Era el conductor del tren
Alvia 151 que cubría la ruta Madrid Chamartín-El Ferrol. El vehículo, con doce
unidades (siete coches de pasajeros, un vagón cafetería y una máquina más un
furgón generador en cada sentido del convoy), descarriló a las 20:41 horas del miércoles 24 de julio, víspera de la Fiesta de Santiago, patrón de Galicia, en
la pronunciada curva de A Grandeira, ubicada en la parroquia de Angrois en Santiago de
Compostela.
El poder judicial ha vendido
su alma al poder político. La llamativa reducción de la condena de Jaume Matas,
la exculpación de José Blanco en la investigación del ‘caso Campeón’, la
militancia en el Partido Popular del presidente del Tribunal Constitucional, el
doble excarcelamiento de Miguel Blesa (con la posible sanción al juez
Elpidio José Silva) y el deplorable papel de la Fiscalía, como perro guardián
del Gobierno, en el ‘caso Urdangarin’ debilitan, si cabe, un paso más a España.
La vergonzosa fulminación del juez Garzón, como instructor de la Trama Gürtel,
marca una pauta en los tribunales españoles que muy poco tiene que ver con lo
que la sociedad espera de ellos. A los poderosos, ni tocarlos.
La confianza y la esperanza de los ciudadanos en una imprescindible regeneración de la democracia española pasa imperiosamente por una justicia activa, sin complejos y libre. ¿Nos equivocamos? La justicia española, en la lucha contra la corrupción, parece, sin embargo, bailar al empalagoso ritmo de aquella famosa canción con la que muchos conocimos a Ricky Martín: "Un, dos, tres. Un pasito p'alante, María. Un, dos, tres. Un pasito p'atrás". Con una diferencia, la 'María' de la justicia se llama clase política.
Esperpéntica comparecencia
del presidente del Gobierno con el ‘caso Bárcenas’ en su apogeo. Mientras el
extesorero del PP acumula pruebas en la mesa del juez Ruz sobre la financiación
irregular del partido que sustenta al Ejecutivo (con el propio Mariano Rajoy
como figura destacada), el dirigente popular saca su vena autoritaria y se
molesta por tener que dar explicaciones: “No se le puede pedir al presidente
del Gobierno que desmienta cada una de las afirmaciones de cada uno de los
protagonistas de este caso. El Estado de derecho no se somete a chantajes, y
punto”.
El ‘caso Bárcenas’ está cada
vez más cerca de su clímax. El ingreso en prisión del extesorero del Partido
Popular ha precipitado los acontecimientos. Bárcenas no quiere ser el chivo expiatorio
de un gigantesco escándalo de corrupción que no tiene un único culpable como se
afana en limitar la cúpula del PP. Traicionado por los mismos que hasta hace
nada defendían su honorabilidad, Bárcenas ha abierto la boca. Los indicios se
acumulan sobre la mesa del juez Ruz. Y Rajoy y el PP harán muy mal en hacerse los
ofendidos y negarlo todo. O bueno, como diría Rajoy en una de sus antológicas
comparecencias, “no es cierto, salvo alguna cosa”.
El Partido Popular, tan
liberal en aspectos económicos, prevé modificar la legislación que regula el
aborto en España. En la práctica, toda una injerencia en la capacidad
personal de cada mujer para decidir si desea continuar o no con un
embarazo. La derecha española, cuando se trata de temas de moral, se vuelve rígida y ordena a los ciudadanos
cómo deben comportarse.
“Nadie,
hasta que ha vivido esto, sabe lo que se sufre. Es inconcebible que Gallardón
pretenda forzar a las personas a pasar por situaciones que causan este dolor”. Gloria Muñoz se expresaba de esta
manera en una entrevista concedida al diario ‘El País’ en el pasado mes de
julio. Perdió a su hija, Alba, por una atrofia muscular espinal de grado I. La
niña falleció a los siete meses. “Mucha gente me dice que al menos la he
conocido, que he tenido unos meses a mi hija en los brazos. Pero si hubiera
sabido esto antes, habría abortado. Lo que ella ha sufrido, lo que nosotros
padecimos... Eso no es humano”. La atrofia muscular espinal es una enfermedad incurable
y especialmente cruel. Causa debilidad muscular extrema. Quien la sufre tiene
severas complicaciones para respirar y alimentarse. Alba vivió enchufada a una
sonda sus últimos meses de vida. “Ver así a tu hijo es tremendo”. “El
dolor y el sufrimiento que hemos vivido no se lo deseo a nadie”, resume.
Solo en el año 2012, más de treinta mil familias españolas se quedaron
en la calle tras perder sus primeras residencias. Otras 11.441 obtuvieron la medida de gracia de la dación en pago.
Las protestas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca aumentan día tras
día para presionar, siempre sin el uso de la violencia, a los dirigentes del Partido Popular, los
más reticentes a cambiar una Ley Hipotecaria que la misma UE considera
“abusiva”. Sin embargo, el Gobierno y el PP, lejos de atender o, al menos, escuchar las
numerosas reclamaciones de los ciudadanos, se han revuelto contra las víctimas de la
burbuja inmobiliaria con calificativos absolutamente extemporáneos e
inapropiados. Para ellos, actúan igual que los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
Pero, ¿dónde están las similitudes entre los nazis y los desahuciados? ¿Han creado ghettos, campos de concentración y exterminio? ¿Han provocado el mayor conflicto bélico en la historia de la humanidad? ¿Dónde están las coincidencias entre los terroristas de ETA y los desahuciados? ¿Han pegado algún tiro en la nuca, han colocado alguna bomba debajo del coche o han extorsionado a algún político? Cuidado con las comparaciones, que son odiosas y, en este caso, absurdas e hirientes a la memoria de los millones de víctimas de la locura nazi y del millar de muertos y miles de afectados por ETA. Igualar a los desahuciados con las prácticas de los nazis y de ETA es una salvajada. ¿Tan mal lleva el PP recibir críticas? ¿Dónde está su sentido de la democracia?
El presidente de la Xunta mantuvo una cordial relación de amistad con
Marcial Dorado a mediados de los noventa. Entonces, Dorado, actualmente en
prisión por una condena de catorce años por narcotráfico, ya había sido
investigado y detenido en dos ocasiones, la segunda en el marco de la histórica Operación Nécora junto con Laureano Oubiña, Manuel Charlín y el fugado Sito Millanco. Unos antecedentes
demasiado poco recomendables como para subirse al yate y marcharse de vacaciones con el señor del
tabaco.
Feijóo, con el contrabandista 'Marcial de la Isla'. Fotos: El País.
Ya lo decía mi madre cuando era un chaval: “Cuidado con las malas
compañías”.
En el diccionario de Mariano
Rajoy, no existe la palabra verdad. El actual presidente del Gobierno mintió
con la catástrofe del Prestige, minimizando el impacto de la catástrofe
ecológica. En la jornada de reflexión de las elecciones del 14 de marzo de
2004, rompió su silencio tras los atentados del 11-M acusando a la oposición de
organizar masivas concentraciones ante las sedes populares. Rajoy
responsabilizó a la izquierda de una reacción espontánea ciudadana. Su primer
año de Gobierno, además de un deterioro evidente de la situación económica y
laboral, ha supuesto toda una lección de promesas incumplidas y constantes
muestras de cinismo hacia la sociedad desmintiendo medidas aplicadas casi de
inmediato (subida del IRFP y del IVA, recortes en la sanidad, la educación, el
desempleo y las pensiones, abaratamiento de los despidos…)
Con el escándalo de
la contabilidad B del PP manejada por Luis Bárcenas, extesorero de la
formación, Rajoy se ha superado. Lejos de admitir pagos no reflejados en las
cuentas oficiales, como han hecho dirigentes como Pío García Escudero y Jaime
Ignacio del Burgo, el presidente del Gobierno se vanagloria de la claridad y
limpieza de la financiación del PP. Eso sí, en una comparecencia de prensa sin
preguntas. Vamos, la ‘mejor’ señal de trasparencia: impedir las interpelaciones
de los periodistas no vaya a ser que me equivoque en las respuestas. Rajoy está muy nervioso. Un capitán en el que no confía la mayoría del
pasaje no puede gobernar un barco en medio de una tempestad tan fuerte como la actual situación económica y laboral porque nos vamos todos, con él, a pique. Si de verdad le preocupa España, debería dimitar ipso facto y defenderse de las acusaciones de sobresueldos ya fuera del Gobierno. ¿Quién va a confiar, dentro y fuera de España, en un país cuyo presidente está acusado de recibir dinero tan negro con el chapapote de la marea del Prestige que él mismo negó hace diez años mientras anegaba las playas gallegas?
“No voy a necesitar más que dos palabras: Es falso. Nunca, repito, nunca
he recibido, ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna
parte. Nunca. Lo diré otra vez. Es falso. Todo lo que se ha dicho y todo lo que
se pueda insinuar es falso. Lo digo con toda serenidad. Lo estoy leyendo porque
no quiero pronunciar una palabra más alta que otra.Nunca he recibido dinero negro, ni en este
partido, ni en ninguna parte. No tengo nada que ocultar. No temo a la verdad”.
Mariano Rajoy se declara inocente. ¿Alguien esperaba una reacción diferente?
Las confesiones quedan para las películas. En la vida real, y no digamos ya en
la esfera política, nadie, absolutamente nadie, se declara culpable.
Las últimas medidas de
gracia aprobadas por el Gobierno con condenados por graves delitos de tráfico
representan un insulto a la memoria de las víctimas, un innecesario dolor extra
a sus familias y un paso atrás en el objetivo de mejorar la educación de los
ciudadanos al volante. No se puede perdonar a conductores cuyas imprudencias
han causado la muerte a otras personas. La impunidad con este tipo de conductas
es un gravísimo error a la hora de reducir la siniestralidad en las carreteras.
Si no existe la posibilidad de un duro castigo, las infracciones volverán a
aumentar. Y eso por no hablar de las excepcionales circunstancias personales que rodean a
alguno de estos indultos.
Ramón Jorge Ríos Salgado está en la calle. Ha pasado diez meses en
prisión, mucho menos de los trece años que le impuso la Audiencia Provincial de
Valencia por un delito de conducción grave, con desprecio para la vida de los
demás. El Gobierno ha aprobado su indulto. Ramón Jorge Ríos Salgado fue el
conductor kamikaze que acabó con la vida de un joven de 25 años, José Alfredo
Dolz. El accidente ocurrió el 1 de diciembre de 2003 en la autopista de peaje
AP-7, en Polinyà de Xúquer (Valencia) El indultado Ríos Salgado, tras acosar a
un conductor en la AP-7, a la altura de la salida Torrente-Calicanto, tomó el
peaje de Silla. Poco después, decidió circular en dirección contraria durante
cinco kilómetros. Nueve vehículos estuvieron a punto de chocarse con él (ver gráfico). La pericia de sus conductores lo evitó. Hasta que colisionó contra el
vehículo de José Alfredo Dolz, que viajaba junto con su novia. José Alfredo
falleció. El sufrimiento de su familia, sin embargo, no acababa más que
empezar.
La patronal ni defiende ni critica a su anterior presidente pese a las graves acusaciones que pesan sobre él. Un escándalo mayúsculo refrendado en una fianza histórica: treinta millones de euros, la segunda más alta de la historia judicial junto con la impuesta a Javier de la Rosa por el caso KIO. Desgraciadamente, esto también es la marca España.
Gerardo Díaz Ferrán será en las próximas horas un nuevo inquilino temporal de la madrileña prisión de Soto del Real. La fianza impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, treinta millones de euros, no invita precisamente a pensar en que Díaz Ferrán dormirá en su hogar en los próximos días. Es la segunda más elevada de la justicia española, junto con la impuesta a Javier de la Rosa en el caso KIO. La gravedad del proceso se refrenda con las fianzas impuestas a los otros dos principales implicados: Iván Losada (treinta millones de euros), exdirector del Grupo Marsans, y Ángel de Cabo (cincuenta millones), liquidador de las empresas.
El Gobierno acelera sus planes de entierro del Estado del Bienestar. En el mercado laboral, en la sanidad, en la educación… y ahora también en los juzgados. La ausencia de los nuevos impresos aplaza durante “varias semanas” la puesta en marcha de las renovadas tasas judiciales. Chapuza sobre chapuza.
Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid… El Gobierno de Rajoy ha hecho eslogan de este dicho popular. La crisis se ha convertido en la perfecta excusa para reformular el estado de convivencia en España. El Partido Popular, mientras proclama falsas promesas de recuperación económica (no lo digo yo, lo dice el Banco de España), ha acelerado su plan de cambio social.
